Según han informado a Servimedia fuentes solventes, Fanjul ha recibido ya por dos veces el mensaje del Gobierno de que no cuenta con su apoyo para seguir al frente de la petrolera, pero aún no ha puesto su cargo a disposición de la nueva Administración.

Entre los principales accionistas de Repsol, La Caixa y BBV siguen el proceso con atención, y han dejado constancia a los negociadores de su interés por el 10% del capital de la petrolera que an está en manos del Estado.

Por su parte, Servimedia ha confirmado que el aún presidente de Repsol se mantiene a la espera de una resolución entre las tres partes con intereses en el proceso. Desde círculos catalanes se baraja el nombre de Angel Basáñez, ex presidente de la Bolsa de Barcelona, para cubrir la vacante de Fanjul.

En el Ministerio de Economía se sigue defendiendo la candidatura de Alfonso Cortina para hacerse cargo de la petrolera, aunque el acuerdo está condicionado a las presidencis de otras empresas públicas y en concreto de SEPI-Téneo, el grupo desde el que se podría encauzar el proceso de privatizaciones anunciado por el Gobierno.

Los responsables de Industria ya han anunciado que SEPI, propietaria del 10% de Repsol en manos del Estado y del 100% de Téneo, tendrá el mismo presidente que éste último grupo, del que 'cuelgan' las participaciones públicas en Endesa, Grupo Iberia, Inespal, Casa, Indra, Auxini o Ence, entre otras.

Las fuentes consultadas señalan que para la pesidencia de SEPI-Téneo se reproducen las discrepancias de Repsol, ya que existe un candidato que cuenta con el visto bueno de CiU y Piqué -Joan Rosell-, mientras que desde Economía y el PP se mantiene la figura de Luis Gámir, ex ministro de Industria.

Estas discrepancias han ralentizado uno de los programas de acción urgente previstos por el nuevo Gobierno -dentro de su estrategia macroeconómica-, la venta de empresas públicas para aliviar la deuda del Estado y disminuir su déficit.

También esteobjetivo plantea dificultades para llevarlo a cabo, ya que Repsol y Téneo dependen de SEPI, que tiene asumida la deuda histórica de Téneo, unos 700.000 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1995, y que debe liquidar mediante los dividendos de las empresas participadas o por la venta total o parcial de alguna de ellas.

Esta circunstancia limita las posibilidades de destinar directamente a las arcas del Estado los ingresos procedentes de privatizaciones.