Para la grabación de la cinta, los cuatro jóvenes que participaban en una campaña internacional contra el hambre contaron con la colaboración de un asesor de las Cortes Generales, que ha sido expedientado.

Pero lo que ha quedado en evidencia con este incidente son algunos fallos en el sistema de vigilancia del Congreso que se atribuyen directamente al comisario responsable de la seguridad de la Cámara.

De hecho, desde que se conocieron los hechos públicamente la labor del responsable policial ha quedado en entredicho e incluso durante la mañana de hoy ha circulado el rumor de que había sido cesado.

Este extremo no ha tenido confirmación oficial, aunque fuentes de la Presidencia del Congreso reconocieron que se están analizando las medidas de seguridad que se aplican en la Camara y se están "repensando" los actuales sistemas para mejorarlos.

Al comisario se le reprocha que los encapuchados pudieran grabar el interior del Hemiciclo durante más de 40 minutos sin que ningún agente se percatara de ello y que, al saltar el escándalo, los agentes tuvieran que revisar hasta altas horas del domingo las grabaciones de las cámaras de seguridad para comprobar cuando y cómo se había realizado el asalto.

Fuentes de los servicios de seguridad puntualizaron que se trata de un "abuso de confianza" del funcionario que colaboró con los encapuchados y que ni los agentes que vigilaban el acceso al Palacio de la Cortes ni los servicios de prensa del Congreso, que autorizaron la grabación convencidos de que se trataba de un vídeo doméstico para unos familiares del funcionario, son responsables del incidente.