Según argumentó García Arboleya, el SAS será una empresa pública descentralizada, a su vez, en sociedades y entes gestores, que jurídicamente puedan actuar en un marco má adecuado a sus funciones que el actual.

De este modo, Andalucía se sitúa, junto a Cataluña y Galicia, entre las comunidades autonómas que están practicando la reforma de su modelo sanitario, una iniciativa que también intentó aplicar, sin éxito, el ex ministro de Sanidad Julián García Valverde.

Las líneas generales del nuevo Plan de Salud fueron elaboradas, casi en su totalidad, por el actual ministro de Sanidad, José Antonio Griñán, y no ha sufrido apenas alteraciones.

Según García Arboley, el SAS deberá perder competencias que ahora desempeña, como la financiación o la inspección, pero con ello espera agilizar el sistema sanitario andaluz y evitar en lo posible el mayor número de procesos burocráticos.

El consejero garantizó que la conversión del SAS en una empresa pública de gestión se mantendrá en un ámbito absolutamente público y gratuito y que respetará los derechos adquiridos por los 73.500 trabajadores con que cuenta la plantilla del SAS.

Asimismo, aseguró que este proceso e reforma "se realizará recorriendo el camino de forma cauta y rigurosa, manteniendo un diálogo permanente con la sociedad y sus legítimos interlocutores".