En un comunicado, la plataforma señala que esta demanda es su "única opción de defensa del derecho a la libertad de educación", ya que la Consejería de Educación autorizó el cambio de los titulares del colegio, a pesar del recurso presentado por los padres y de las protestas de los grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid.

El cambio de propiedad y dirección del centro fue comunicado a los padres una semana después de haberse iniciado el curso con aparente normalidad, mediante una circular entregada a los niños, por lo que al menos 87 alumnos abandonaron el centro con el curso en marcha.

Hasta la llegada del nuevo titular, el centro se definía como "independiente por completo" de cualquier organización religiosa.