El plan incluye medidas para mejorar la financiación que reciben las ONG y las familias que cuidan de personas con discapacidad, y propone recortar los gastos administrativos.

El Partido Liberal también ha encargado un informe a la consultora KPMG sobre la situación de las personas con discapacidad, que presentará al gobierno laborista del Estado para respaldar sus reivindicaciones.

En torno a 112.000 personas tienen alguna discapacidad en Tasmania, de los que sólo un pequeño porcentaje recibe alguna ayuda, una situación que el principal partido de la oposición se propone contribuir a cambiar.