El Técnico en Desactivación de Explosivos (TEDAX) expus al ministro del Interior, José Luis Corcuera, los fallos existentes en la organización del trabajo de los artificieros, después de la celebración de los funerales por dos compañeros suyos que fallecieron en Madrid al tratar de desactivar un paquete-bomba remitido por la organización terrorista ETA.

En su querella, el SUP acusa al responsable de personal de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas) y de atentado contra la libertad sindical, ya que al policía se le ha aplicadola Ley de la Función Pública.

Esta ley estipula que los funcionarios pueden ser adscritos a otros servicios cuando ejerzan tareas no singularizadas, que no es el caso de un "tedax", considerado como especialista.

Antes de interponer la querella, el sindicato intentó hablar con el firmante de la orden y con el recién nombrado director de la Policía, Carlos Conde Duque, sin que haya podido hacerlo, según aseguraron a Servimedia sus portavoces.

El oficial José Ignacio Suárez recibió hoy la orde de presentarse el próximo lunes en su nuevo destino. Este retraso en su incorporación ha estado provocado porque el policía no tenía el uniforme reglamentario del cuerpo, ya que los "tedax" no lo utilizan.

Si la DGP no restituye en su puesto de trabajo a José Ignacio Suárez, el SUP ha amenazado al Ministerio del Interior con difundir un informe reservado, redactado por él y remitido a la DGP en 1989, que recoge las carencias de los artificieros.

Estas son demostrables, según el sindicato, porque ras la muerte de los dos agentes, Interior habilitó un presupuesto extraordinario para dotar de 16 nuevas furgonetas a las unidades de TEDAX y se interesó por tener una "relación de sus necesidades".