La Fiscalía del país andino registró el pasado viernes una oficina de Repsol y acusa a la petrolera y a Petrobras de estafa en un contrato de gas por valor de 160 millones de dólares.

Esta mañana, diarios como "La Razón", "El Diario", "Los Tiempos", "El Deber" o "El Nuevo Día" han abierto las secciones de economía con el mensaje que la compañía que preside Antoni Brufau ha enviado al Gobierno de Evo Morales, en el que denuncia la inseguridad jurídica para seguir inviertiendo en el país.

El Gobierno de Evo Morales mantiene que "la mayoría de las empresas petroleras asentadas en el país incurrieron en el gravísimo delito del contrabando de hidrocarburos, además de ser evasoras de impuestos", según recoge la Agencia Boliviana de Información, dependiente del Estado.

Así, el viceministro de Exploración y Producción, Julio Gómez, señaló que "el allanamiento realizado por representantes del Ministerio Público en Santa Cruz a las oficinas de la petrolera Repsol-Andina permitirá investigar las irregularidades que cometió esa compañía en contra de los intereses del Estado".

En este sentido, declaró que "la intervención dispuesta por la Fiscalía en Santa Cruz es un acto ligado a su responsabilidad de defender a la sociedad boliviana y a los altos intereses del país".

NACIONALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

Por otro lado, el superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sainz, ha señalado que el proceso de nacionalización de los Hidrocarburos que el Gobierno de Morales puso en marcha el pasa 1 de mayo, puede tardar en desarrollarse hasta 20 años, según recoge el periódico boliviano "El Diario".

"El proceso de nacionalización va a tomar 10, 15 ó 20 años y aquel individuo que diga que nosotros vamos a industrializar en dos no sabe de lo que está hablando. Está creando falsas expectativas no sé por qué motivos", afirmó.