Sevilla presidió en el Senado la reunión de la Comisión para los Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CACER), en la que se informó a las comunidades autónomas de las previsiones sobre el próximo Consejo Europeo y sobre el acuerdo de utilización de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias.

Después, explicó en los pasillos del Senado que la intención del Gobierno es iniciar un diálogo con los interlocutores sociales para permitir la prejubilación de los funcionarios.

Esa posibilidad afectaría al acceso y abandono de la función pública a través de legislación básica. Por tanto, explicó, la modificación debería tener rango legal y sería aplicable al resto de las administraciones.

Sevilla precisó que las administraciones autonómicas y locales podrían aplicar esa prejubilación, aunque no estarían obligadas a ello.

El calendario previsto por el Gobierno es alcanzar un acuerdo en lo que resta de año para aprobar la reforma legal durante 2006 y que entre en vigor en 2007.

Jordi Sevilla recordó que este anuncio se enmarca en el desarrollo del acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre con los sindicatos de la función pública y da respuesta a una demanda tradicional de este colectivo, por lo que ha sido "muy bien acogido".

En opinión del Gobierno, una vez concluido el proceso de transferencia de competencias, la Administración central tiene "todo el derecho del mundo a definir la administración que queremos, y no a conformarnos con la que tenemos".

Sin embargo, cuestiones como la edad de aplicación, el número de afectados, la tasa de reposición y, por tanto, el coste de esta medida son cuestiones que deberán determinarse durante la negociación.

Con este argumento, Sevilla evitó responder a las preguntas sobre el coste económico de la prejubilación de funcionarios.

Aseguró, no obstante, que este plan ha sido "largamente hablado" con el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes. Al ser preguntado sobre si el Ministerio de Trabajo tenía también constancia de este anuncio, Sevilla respondió "directamente, creo que no".

Pese a ello, el ministro no ve contradicción alguna de este plan con los mensajes lanzados por Trabajo a las empresas privadas para que no abusen de las prejubilaciones. En su opinión, es perfectamente compatible "frenar" una práctica habitual en el sector privado durante los últimos años y permitirla de forma "concreta y selectiva" en el sector público.