El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, anunció ayer que la Admnistración llevará a los tribunales algunos casos de prejubilaciones, especialmente los que afectan a personas más jóvenes o los que se refieren a empresas con beneficios. Las pretensiones del Gobierno, según ha podido saber esta agencia, se centran en apelar a cuestiones de discrimación por edad en algunos expedientes de regulación, ya que, ante un acuerdo entre todas las partes y según ha recordado en varias ocasiones Manuel Pimentel, la Administración sólo se limita a dar el visto bueno.

El catedrático de Derecho Laboral Ignacio García Perrote admite la viabilidad de los recursos contra las prejubilaciones y argumenta que se pueden apoyar en la posible ocultaciónde un fraude para acceder irregularmente a las prestaciones por desempleo.

Así lo recoge el artículo 51.5 del Estatuto de los Trabajadores, que en la última reforma de 1994 incorporó la capacidad del Gobierno de oponerse a un expediente de regulación de empleo "si apreciase la existencia de fraude".

Según García Perrote, los acuerdos para que los prejubilados accedan al paro y a los subsidios de desempleo podrían ser considerados por un juez como fraudulentos, lo que sería suficiente para paralizr un proceso de prejubiliaciones.

Por otra parte, este experto apela a la discriminación por cuestión de edad que se produce entre los trabajadores de una misma empresa y que es contraria al espíritu de igualdad recogido en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores.

Finalmente, en consonancia con la opinión manifestada por otros abogados, García Perrote asegura que una de las opciones más válidas para acabar con la polémica de las prejubilaciones es adoptar el modelo británico, consistnte en un código de buena conducta entre los empresarios, que establezca unas condiciones y unas edades mínimas de prejubilación.

EN CONTRA

Por su parte, el profesor de Derecho Laboral Juan Antonio Sagardoy dijo a Servimedia que considera "muy difícil" que un procedimiento de expediente de regulación de empleo con prejubilaciones pueda ser considerado fraudulento, ya que parte de un acuerdo libre entre las partes.

"No existe tema de juzgado de lo social desde el punto de vista jurídico", dijo Sgardoy, quien apuntó que lo "único" que puede hacer la Administración es denegar las prestaciones de desempleo a los prejubilados, "siempre que haya una utilización fraudulenta".

Para este experto, incluso para paralizar el cobro de prestaciones por desempleo se tendría que llegar a una situación "casi rocambolesca" para demostrar que se trata de un fraude.

Según Sagardoy, la única pretensión del Gobierno es abrir el debate sobre prejubilaciones, sin que exista la pretensión real de elevar los prcedimientos a los juzgados de lo social.

Finalmente, varios abogados de bufetes especializados en derecho laboral, que prefirieron mantener el anonimato, arremetieron contra las declaraciones de Manuel Pimentel y le pidieron que "mire en su propia casa".

En este sentido, le recordaron que las prejubilaciones "las inició el Gobierno" y las han continuado empresas "relacionadas o que han estado relacionadas con la Administración", a la vez que advirtieron de que el concepto de prejubilación está sindo "bueno" para algunas pequeñas empresas.

A juicio de estos abogados, el coste de una prejubilación es tan grande que sólo se lo pueden permitir las empresas más fuertes, algunas de las cuales "han contado con el apoyo gubernativo".