En las últimas semanas, varias personas usuarias de este servicio público han contactado con la entidad para mostrar su indignación por esta circunstancia, que "prácticamente se ha convertido en la tónica general en su día a día", recalcó Predif.

En el caso de la ciudad de Madrid, denuncian que “cada vez es más difícil encontrar un taxi adaptado, a pesar de solicitarlo en la emisora”, apuntó .

Los usuarios exponen además que “a ciertas horas son servicios concertados y están todos ocupados y que los fines de semana y por la noche, resulta "también muy complicado localizar un eurotaxi”. “Por el centro es prácticamente imposible poder encontrar uno, ni tan siquiera en las aplicaciones que gestionan estas solicitudes”.

Debido a esta situación, las personas con discapacidad sienten vulnerada su igualdad de oportunidades a la hora de utilizar este medio de transporte, del que sí pueden hacer un uso habitual el resto de la ciudadanía. Por ello, Predif instó a los ayuntamientos a resuelvan con urgencia el problema y se impliquen con el cumplimiento de la normativa vigente.

MÍNIMO DE LICENCIAS

El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, fija en su artículo 8 que los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por ciento o fracción de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados. Indicó que esto significa que en España deberían existir como mínimo 3.499 taxis adaptados (la flota actual es 69.972). En Madrid, debería haber 786 eurotaxis disponibles, puesto que existen 15.723 licencias de taxi.

Sin embargo, la capital sólo dispone de unos 300 vehículos adaptados, un 1,9 % del total de la flota, añadió Predif. Según datos de Fundación ONCE y el Cermi, la proximidad del horizonte temporal fijado por la norma es preocupante, ya que en el 60 % de los municipios la proporción de taxis adaptados se encuentra aún por debajo del 3,5 %. En el caso de la Comunidad de Madrid es del 2,8 % y en Cataluña, del 3,1 %. Tan sólo Extremadura (8,7 %), Murcia (8,4 %), Navarra (7,3 %) y Melilla (6,7 %) cumplen con la normativa.