Así lo indica el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) presentado hoy por la organización agraria COAG y las asociaciones de consumidores UCE y Ceaccu.

En concreto, el precio que percibieron los agricultores por las frutas y verduras que vendieron el pasado mes se multiplicó de media por 5,13 al llegar a los consumidores, mientras que el precio de la carne, los huevos y la leche en origen se multiplicó por 3,43 al situarse en los lineales de los establecimientos.

El secretario general de COAG, Miguel López, advirtióque los márgenes comerciales sobre los productos agroganaderos mantienen una "clara tendencia al alza" desde mayo, cuando se comenzó a elaborar este indicador. Así, el índice de diciembre es un 10% superior al de mayo, que se situó en 4,29.

"En esta situación de crisis económica, el comercio en vez de bajar los precios sigue nutriéndose de forma alarmante de beneficios especulativos, saqueando a los consumidores y machacando al campo", criticó López.

Entre otros casos, destacó productos tan demandados como la carne de cerdo, cuyo precio se multiplicó en diciembre por 5,59 al llegar al consumidor, o la patata, cuyo valor fue 5,28 veces mayor en los establecimientos.

Asimismo, aludió a la "sospechosa y alarmante" situación que atraviesa el sector de los cítricos, con precios que llegaron a multiplicarse hasta por 22,25 en el caso de los limones, que cotizaron en origen a 0,08 euros por kilo y se vendieron al público a una media de 1,78 euros por kilo. Por su parte, el valor de las naranjas fue 15,89 veces mayor en destino que en origen, y el de las clementinas, 12 veces mayor.

A su juicio, "el poder de las grandes cadenas alimentarias es tan grande que el Gobierno esquiva cualquier medida que suponga dar transparencia al mercado". Por ello, no descartó emprender movilizaciones en el sector si se agota la vía del diálogo con el Gobierno.

Por su parte, el secretario general de UCE, Juan Moreno, reiteró la "tremenda preocupación" de los consumidores por los "injustos" márgenes comerciales que aplica el sector de la distribución y, ante la "pasividad" de las administraciones, subrayó que esta situación requiere una "actuación contundente del legislador, las administraciones y Competencia".