Ese cambio de estatus está previsto, según el citado portavoz, en el anteproyecto de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

El colectivo de prácticos de puerto está formado por sólo doscientas personas, pero pueden paralizar el comercio marítimo, al ser los encargados de cnsignar la entrada de los barcos a puerto.

Los prácticos perciben actualmente sus honorarios en función de unas tarifas que aprueba la Dirección General de la Marina Mercante, con lo que sus retribuciones presentan grandes variaciones en función del puerto en que trabajen, si bien han creado un fondo de compensación que palía las diferencias.

La Federación de Prácticos, que preside Jesús Gutiérrez Pereda, considera que la funcionarización acarrearía "el encarecimiento y deterioro del servicio". El deterioro se produciría porque, actualmente, "si llega un barco a puerto a las tres de la mañana, el práctico está allí para dar la aprobación, pero si les hacen funcionarios, trabajarán sus ocho horas y nadie podrá decirles que se levanten de madrugada", explicó el portavoz.