En una nota difundida hoy, el PP asegura que en 1990 fueron convocadas en Madrd un total de 815 manifestaciones, muchas de ellas de ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo que arroja un saldo medio de 2,8 manifestaciones diarias.

En opinión del diputado popular, Jesús Pedroche, esas cifras hacen necesaria una regulación que compatibilice el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse y reunirse en lugares públicos, con el derecho a la libre circulación y a una digna calidad de vida.

Por ello, Pedroche ha presentado una proposición no de ley, para su debat en el pleno de la Cámara, en la que insta al Gobierno regional a que solicite al Ejecutivo central la adopción de medidas encaminadas a compatibilizar ambos derechos.

A su juicio, esa proposición no significa recortar el derecho legítimo a la manifestación, sino crear cauces para que su ejercicio no cercene otros derechos también legítimos, como el de libre circulación o al trabajo.

El diputado popular señaló que el punto crítico de fricción entre ambos derechos se alcanza con la convocatoria d manifestaciones en horas puntas o en lugares estratégicos para la fluidez del tráfico en la capital.

MOLESTAN A OTROS

"En muchas ocasiones, las manifestaciones no 'molestan' a quienes tienen que molestar, sino a los ciudadanos que tienen que transitar en ese momento frente a la fachada de este o aquel ministerio o en las proximidades de esta o aquella sede parlamentaria", aseguró.

Además, el diputado popular reclamó a los grupos de la Cámara y a las administraciones, especialmente a la Delegacón del Gobierno, un "ejercicio de imaginación para buscar soluciones a este importante problema, que está convirtiendo a Madrid en el "manifestódromo nacional".

En la proposición, solicita también la creación de un órgano de carácter consultivo y permanente en el que participen representantes de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y Comunidad, los sindicatos, empresarios y comerciantes, vecinos y cuantos colectivos resulten afectados por este asunto.

Esta comisiónelevará al delegado del Gobierno, mediante un procedimiento ágil, su opinión no vinculante respecto a la preceptiva comunicación previa de las manifestaciones y reuniones de carácter público.

El texto propone, asimismo, que se siga estrictamente el requisito de comunicar previamente a la Delegación del Gobierno la realización de manifestaciones y reuniones en lugares públicos, así como que sigan itinerarios y escojan fechas y horarios razonables, estudiando la posibilidad de alternativas.

En la msma proposición, el PP solicita a la autoridad administrativa competente que comunique a los ciudadanos, con 24 horas de antelación, a través de los medios de comunicación, la fecha, horario e itinerario de toda manifestación convocada, incluyendo las alternativas de tráfico.

Por último, a juicio de Pedroche, estas medidas buscan garantizar el ejercicio del derecho de manifestación, evitando la sucesión de situaciones que, por un lado, desprestigian el ejercicio de este derecho y, por otro, chocan conotros derechos fundamentales.