En el Pleno del Parlamento vasco de mañana, el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, deberá explicar esta situación a instancias del PP, que recuerda en una interpelación que las ayudas de emergencia social están destinadas a otros fines y no a la vivienda.

Arantza Quiroga, parlamentaria del Grupo Popular Vasco, señala que la carestía del precio de la vivienda perjudica en mayor medida a los colectivos con especiales dificultades, como personas en riesgo de exclusión social o en situación ya de exclusión social.

Por ello, los populares vascos reclaman de Vivienda que dedique mayores esfuerzos a facilitar el acceso a una vivienda a estos colectivos en situación de especial dificultad, mediante la construcción de un parque de vivienda social de alquiler.

Para el PP, el número de viviendas sociales promovidas por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales es "completamente insuficiente". Esta insuficiencia, a su juicio, se pone de manifiesto al analizar los datos aportados por el II Plan de Inclusión Social, en relación con el porcentaje de las ayudas de emergencia social que se destinan a la vivienda, fundamentalmente al pago de alquileres.

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social estima que el 80% de las ayudas de emergencia social se destinan al pago de alquileres. En 2006, alrededor de 20.000 personas recibieron ayudas de emergencia social para el pago del alquiler, según esta fuente oficial.

"Esta cifra", lamenta el PP, "contrasta con los datos de construcción de vivienda social promovida por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, ya que en 2006 fueron 216".

En el pleno de mañana, el PP preguntará a Madrazo qué medidas se propone adoptar para evitar la situación actual, en la que las ayudas de emergencia social, "en contra de lo que dispone la normativa", se destinan al pago de alquileres.