Astarloa declaró en rueda de prensa que la ley "camina en la dirección opuesta" a lo que dicta la lógica, porque ni ataja el incremento de la violencia juvenil ni fortalece el sistema, al contrario, dijo, lo pone "en grave riesgo".

A su juicio, la ley "nace incapaz de ser aplicada" porque carece de la memoria económica correspondiente y deja en manos de las comunidades autónomas "las responsabilidades financieras" para aplicar la normativa.

Como ejemplo, Astarloa señaló que la Comunidad de Madrid tendría que pagar 3 millones de euros para poner en marcha la ley y otros 15 millones en inversiones para poder aplicarla.

Astarloa admitió, tras criticar la ley, que el Partido Popular ha conseguido ponerse de acuerdo con el PSOE en el Senado para que la Ley del Menor no se aplique a las personas de entre 18 y 21 años.

Sin embargo, dado que los cambios deben ser ratificados ahora por el Congreso, puso en cuestión que vaya a ser así porque el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, hizo unas declaraciones en el sentido contrario al mismo tiempo que el Senado introducía los cambios.

Astarloa criticó que la Ley del Menor que ha elaborado el Ejecutivo "no recoge enmiendas fundamentales" para el PP o para la Fiscalía General del Estado; no soluciona los casos de jóvenes de 12 o 13 años que sean reincidentes; no agrava las sanciones a los menores que cometan delitos muy graves como asesinatos, violaciones o de terrorismo; no permite revisar las penas hasta que se ha cumplido la mitad de la sanción; y no permite la dispersión de aquellos menores que pertenezcan a una banda organizada.