El texto salió adelante con 167 votos a favor –PP, Vox, PNV, Junts, ERC, EH Bildu, Más Madrid y Compromís, entre otros– y 88 en contra, todos ellos del PSOE. De revalidar estos apoyos en la Cámara Baja, la proposición de ley recabará una mayoría holgada, ya que la suma de PP y Vox necesita tan solo el apoyo de uno de los principales socios del Gobierno.

No obstante, es previsible el Ejecutivo en funciones trate de vetar la propuesta. De hecho, ya presentó en el Senado, aunque sin éxito, un veto presupuestario, una prerrogativa con la que cuenta el Gobierno cuando se presenta una proposición o enmienda que supone un aumento de los créditos o disminución de los ingresos. En este caso, Hacienda calcula que esta reducción fiscal costaría a las arcas públicas unos 372 millones de euros, frente a los 140 millones que dice el PP.

Esta cifra tiene especial interés en el contexto actual, ya que todo apunta a que el Gobierno prorrogará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para los primeros días de 2024. Y, en un escenario en el que no se aprobaran unas nuevas cuentas públicas, cerrará el año con un déficit del 3% del PIB, por lo que cumplirá con las nuevas reglas fiscales sin apenas margen.

La Mesa del Senado, controlada por el PP, rechazó este escrito de no conformidad y decidió seguir con la tramitación de la norma, que ahora irá al Congreso de los Diputados, donde también cuenta con los apoyos suficientes para entrar en vigor.

POSIBLE PINZA PP-SUMAR

Allí la Mesa está bajo el dominio de los partidos del Gobierno de coalición, aunque por la mínima. PSOE y Sumar cuentan con cinco integrantes, siendo tres socialistas y dos de la coalición de partidos de izquierdas; frente a los cuatro del PP. Por tanto, la viabilidad de un nuevo veto presupuestario dependerá de la postura final de Sumar, que está integrado por partidos que han votado a favor de la iniciativa en la Cámara Alta. Además, Unidas Podemos apoyó esta medida en la anterior legislatura.

Si finalmente Sumar y el PP hacen pinza, el veto presupuestario solo contaría con tres apoyos en la Mesa del Congreso, frente a los seis miembros que se opondrían a la prerrogativa del Gobierno. La proposición de ley seguiría así su tramitación en la Cámara Baja y, si las posiciones se mantuviesen intactas, el texto saldría adelante con facilidad y volvería al Senado, donde se aprobaría de forma definitiva gracias a la mayoría absoluta del PP.

Cabe recordar que esta rebaja del IVA de las peluquerías ya fue protagonista en la anterior legislatura, cuando Pilar Llop, la entonces presidenta del Senado y actual ministra de Justicia, aceptó el veto presupuestario del Gobierno y anuló una enmienda al proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal que establecía esta bajada del IVA. También en aquel momento contaba el apoyo de PP, Vox y los principales socios del Gobierno.

MAYORÍA DEL PP EN EL SENADO

Aunque lo habitual es que los proyectos de ley del Gobierno y las proposiciones de ley sean presentadas en el Congreso de los Diputados, el PP, al tener un grupo parlamentario, puede impulsar proposiciones de ley desde el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta y, por tanto, tiene margen para aprobarlas y remitirlas al Congreso.

En este caso, el PP defiende que, “en el marco de una reforma fiscal justa y progresiva”, es “prudente” que “uno de los sectores más castigados” por la pandemia como ha sido el colectivo de profesionales que prestan servicios de peluquería, barbería y estética, “constituido fundamentalmente por empleo femenino”, cuenten con una fiscalidad que haga económicamente viable su negocio y sirva para “eliminar bolsas de fraude”.

En este sentido, la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo alude a datos aportados por el propio sector para afirmar que en los últimos años se habría producido “un incremento de la economía sumergida e intrusismo que estiman que pueda alcanzar hasta un 20% de la facturación”, a la vez que se ha producido el cierre de 10.464 salones de peluquería y estética, “dejando a más de 52.000 personas sin trabajo”.

En este contexto, el PP concluye que rebajar el tipo impositivo del IVA del 21% al 10% producirá “unos mayores ingresos al Estado por IVA, Seguridad Social y menores gastos en desempleo al evitar cierres de empresas”.