Ese es el análisis básico en el que coinciden el presidente del partido, José María Aznar, y la plana mayor del Grupo Parlamentario Popular, reunidos estamañana en el Congreso de los Diputados para estudiar la labor de oposición parlamentaria en el nuevo período de sesiones, que comienza en febrero.

Según reconocieron varios de los portavoces del PP en las comisiones de las Cortes, todas las intervenciones se dirigieron a resaltar que el PP ha dado en la diana y una vez constatado este hecho decidieron dos nuevas líneas de ataque dentro de esa estrategia.

Por un lado, no aceptar el pacto que ofrece el PSOE para "tapar" la corrupción, dijo la diputda Loyola de Palacio ("el PSOE, con quien tiene que hacer un pacto es consigo mismo", había señalado Rodrigo Rato de forma bastante más gráfica minutos antes), y por otro formular propuestas en el Parlamento para eliminar las "condiciones objetivas" que han hecho posible la corrupción en los últimos años.

Esas condiciones objetivas se sintetizan en el hecho de que el PSOE, en el análisis que se hace desde el PP, a lo largo de los diez años que lleva en el poder y con el pretexto de "agilizar" la gestin del Estado, ha ido eliminando sucesivamente controles en la gestión del gasto público. Controles que figuraban en la Ley General Presupuestaria, la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Patrimonio, entre otras.

Un ejemplo, en opinión de Loyola de Palacio, lo constituye la eliminación del informe previo de la intervención del Estado. Con anterioridad a las reformas, el interventor de Hacienda en un ministerio o una empresa pública emitía un dictamen dando el visto bueno a una compra. Hoy en día, es informe, dice el PP, se efectúa "a posteriori" de la compra.

Si a esto se añade que el Tribunal de Cuentas está sobrecargado de trabajo y las auditorías llegan con retraso de años, siempre según ese análisis, los posibles casos de corrupción no son detectables hasta que transcurre bastante tiempo.

Por todo ello, el PP propondrá a lo largo del próximo período de sesiones diversas iniciativas legislativas destinadas a volver a la situación legal anterior, "ya que la Administración es tan ineficazmás (que antes de la reforma) y la maquinaria del Estado es igualmente pesada", afirmó Loyola de Palacio.

"Borrell nos habló de agilizar la Administración, y al final hemos terminado con los cheques al portador", comentó Rodrigo Rato al término de la reunión de esta mañana.

Además de las dos medidas mencionadas, el equipo jurídico del PP está estudiando proponer en la próxima reforma del Código Penal que aquellas personas involucradas en delitos de cohecho que colaboren con la Justicia obtengan eneficios penitenciarios.

No obstante, reconocieron hoy fuentes parlamentarias del PP, este beneficio por colaboración podría ser la consideración de atenuante o, como mucho, eximente incompleta, pero en ningún caso supondrá la absolución del "arrepentido".

ANUNCIO, LA SEMANA PROXIMA

A su salida de la reunión, el presidente del PP, José María Aznar, no quiso ser más explícito sobre lo tratado hoy y dijo que en los próximos días su partido hará "propuestas importantes" en torno a la corrupción, ncluida la reforma del Código Penal.

Fuentes parlamentarias del partido conservador indicaron hoy que las nuevas iniciativas están pendientes de ser aprobadas el lunes por el Comité Ejecutivo nacional del PP y posteriormente serán explicadas más pormenorizadamente en rueda de prensa, la próxima semana.

"Creo que en lo que significa la gobernación de España el Gobierno no está a la altura de las circunstancias y lleva tiempo sin estarlo", comentó Aznar sobre el tema de la corrupción.

A primer hora de la mañana, a su entrada a la reunión, el líder del PP comentó que su partido está dispuesto a contribuir y a esclarecer los casos de corrupción sin tapar "absolutamente nada" de lo que pueda ir apareciendo.

Por otro lado, el PP pedirá hoy oficialmente la comparecencia del Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, en el Congreso de los Diputados, para que explique por qué y cómo ha mediado entre el PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes para que finalmente se modificasen los polémicos artíclos 20 y 21 del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadna.

Esta petición del PP se suma a la que ya hizo ayer en el mismo sentido Izquierda Unida, y es fruto de la sorpresa y malestar que ha causado en ambos grupos parlamentarios la intervención del Defensor del Pueblo.

En opinión de ambos, entre las funciones del Defensor del Pueblo no figura la de mediar en la elaboración de un proyecto de ley, algo que corresponde a las fuerzas políticas.