Un grupo de diputados del PP formalizaron el recurso ante el Tribunal Constitucional dado que supone "un cambio de la concepción del matrimonio" y altera "los elementos definitorios básicos de una institución fundamental" que queda definida en el artículo 32 de la Constitución.

Además, los populares acusan al Gobierno de "desdeñar" un debate social profundo sobre la reforma y de "despreciar" los informes que altas instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia de la Lengua o el Consejo de Estado han elaborado con "sensatas objeciones que han sido desatendidas".

"Grave error, cabe decir que histórico -señala el recurso- de quienes han preferido la imposición legislativa en una cuestión tan compleja y de tan alta sensibilidad social, provocando un innecesario y profundo desencuentro social y un grave e igualmente innecesario conflicto jurídico de naturaleza constitucional".

OBJECIONES JURÍDICAS

El recurso argumenta que la citada ley vulnera al menos siete artículos de la Constitución de 1978, entre los que destacan el 32, que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y el 39, que hace referencia a la protección de la familia y cada uno de sus miembros.

El Partido Popular aduce que la aprobación del matrimonio gay infringe el artículo 10.2 de la Constitución, relativo a la interpretación de los derechos fundamentales y libertades públicas; el artículo 14, relativo al principio de igualdad; elartículo 53.1, por no respetar el contenido esencial del derecho a contraer matrimonio; el artículo 9.3, por no respetar el principio de jerarquía normativa y por no respetar el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y el artículo 167, relativo a la reforma constitucional.

Junto a estos preceptos constitucionales, los diputados señalan tres razones añadidas que dan a la inconstitucionalidad de esta Ley "un relieve muy particular": en primer lugar destacan el carácter de "institución básica del matrimonio", la "imposibilidad" de que el Legislador modifique la Constitución cambiando el nombre que a las cosas ha asignado el Constituyente, y la posibilidad de lograr el mismo objetivo mediante "fórmulas adecuadas sin necesidad de originar la ruptura de la Constitución que se provoca con la opción escogida".

ALTERNATIVAS A LA LEY

Sobre este último punto, el PP recuerda que en su programa de las elecciones generales de 2004 se comprometía a reconocer los derechos de las parejas homosexuales a través de una Ley de Parejas de Hecho que las equiparase a las heterosexuales, pero con otro nombre distinto al tratarse de realidades diferentes.

Los diputados populares recalcan que "no se recurre la Ley porque amplíe los derechos de los homosexuales ni porque se persiga establecer en nuestro Derecho un cauce institucional suficiente para encauzar su relación de pareja con plenos efectos jurídicos".

Según dice el texto, el recurso de inconstitucionalidad es debido a que no se ha respetado "el derecho querido por millones de ciudadanos y protegido por la Constitución a adherirse personalmente a una institución como es la del matrimonio entre mujer y hombre, entre personas de distinto sexo, considerada fundamental por nuestro ordenamiento y para nuestra sociedad".

Por último, se señala que respetar el matrimonio tradicional no es incompatible con la plena equiparación de derechos civiles de las personas homosexuales puesto que "hay diversas opciones constitucionales" para hacerlo con "una solución consensuada y constitucional que no genere confrontación social".