En este sentido, Sánchez destacó que actualmente, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, existen 463 altos cargos desde ministros hasta asesores y calificó este número de "reprobable, en estos difíciles momentos".

La portavoz realizó estas declaraciones hoy en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados ante la comparecencia de la secretaria general en esta materia,Mercedes del Palacio.

A este respecto, Sánchez tildó al Ministerio de Administraciones Públicas de "inactivo" y destacó que "en la pasada legislatura, el Gobierno anunció reformas legislativas para los ayuntamientos pero no se ha hecho nada salvo el Estatuto Básico de la Función Pública o normativas destinadas a la ética y trasparencia en este ámbito".

Así, señaló que los resultados legislativos del ministerio "son mejorables" y explicó que "de los 20 proyectos de ley que se han presentado en esta legislatura, ni uno solo tiene origen en el Ministerio de Administraciones Públicas".

Asimismo, mostró su confianza en que las modificaciones en la Administración del Estado "no tengan la intención de flexibilizar el nombramiento de directores generales" y aseguró que "en el primer Gobierno de Zapatero se nombró a diez directores generales que no eran funcionarios y actualmente existen 21 directores que no son funcionarios".

Sánchez también quiso hacer hincapié en el plan para la reducción de cargas administrativas y explicó que la ministra Salgado informó "recientemente de que 51 medidas de las 81 que contemplaba el plan ya se habían puesto en marcha pero no se ha dado ninguna información ni a los miembros de la Comisión, ni a las Comunidades Autónomas, excepto a Cantabria, que es la única que tiene firmado un convenio en esta línea".

"En un momento en el que se están cerrando empresas y muchas otras quieren instalarse en territorio nacional, y cuando Salgado dijo en esta Cámara que el plan prevé canales de comunicación estrechos, parece que las comunidades no existen", dijo.

Sánchez exigió la puesta en marcha del Estatuto Básico del Empleado Público, "paralizado desde hace ya dos años, ya que no se han presentado las reglas y normativa para su desarrollo", destacó.

También respecto al recorte en la oferta de empleo público, Sánchez destacó que "con una reducción de las tasas de reposición y vacantes no se ajustarán las necesidades de recursos humanos, sino que es necesario elaborar un plan que responda a la realidad de este Estado descentralizado".

A este respecto, la secretaria de Administraciones Públicas, Mercedes del Palacio, aseguró que "hemos puesto el foco de nuestra actividad en los proyectos que tienen un impacto más directo y positivo en nuestro sistema económico y son la implantación de la administración electrónica, la trasposición de la directiva se servicios y la reducción de cargas administrativas".

En cuanto a la reducción de cargas administrativas, Palacio recordó que "se ha constituido un grupo de trabajo con las Comunidades Autónomas y con los municipios propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

Sobre la oferta pública de empleo, la secretaria destacó que "para fijar en un 30% la reposición de efectivos, se han tenido en cuenta la reducción de efectivos por excedencia o jubilación, la coyuntura económica, la reducción del gasto público y el mantenimiento de servicios básicos".

Finalmente, también respondió a la acusación del PP sobre los puestos de directores generales y destacó que "hoy existen 43 puestos de directores abiertos a no funcionarios y de ellos 21 están ocupados por funcionarios", al tiempo que defendió que "hemos hecho un uso razonables de esta posibilidad".

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista en el Congreso Alfredo Arola Blanquet confió en el trabajo desarrollado desde Administraciones Públicas y aseguró que "se están aplicando técnicas de evaluación y conceptos de calidad en la función pública sea o no de forma legislativa".

En esta línea, el diputado de CiU en el Congreso, Jordi Jané i Guasch, ofreció al Gobierno una oferta de colaboración para los proyectos que desde Administraciones Públicas se lleven a cabo para "conseguir una administración única y un funcionamiento más armónico".