El texto presentado por el Gobierno retira esa consideración a los vigilantes y establece una distinción constante entre el colectivo y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ese hecho fue acogido satisfactoriament por el sindicato CCOO y muy criticado por la patronal del sector y el resto de centrales mayoritarias.

El Partido Popular, en sintonía con las tesis de estos últimos, considera que la pérdida de tal condición "reduce la seguridad jurídica, además de desvalorizar social y profesionalmente al vigilante jurado", según un comunicado difundido esta tarde por la Oficina de Prensa del PP.

Entre las 55 enmiendas presentadas por los conservdores, también se propugna la atribución de competencias administativas a las comunidades autónomas respecto a las empresas de seguridad cuyo ámbito de actuación sea exclusivamente el de dicha administración autonómica.

Otra enmienda del PP persigue definir con mas precisión las circunstancias en las que estará prohibido a los vigilantes el uso de armas de fuego, como en las aglomeraciones de público, extremo que no recoge el texto del Ejecutivo.

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso debatirá próximamente el proyecto de ley, una vez concluido el trámte de presentación de enmiendas.