Según informó el PP esta tarde, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado se dirigió hoy a la Mesa de la Cámara para solicitar la suspensión de la tramitación de la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo sostiene que supone un “evidente fraude de ley” la tramitación de estos asuntos como proposición de ley y no como proyecto de ley, argumentando que así se trata de “evitar la literalidad" del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no se recaban los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal, y del Consejo de Estado.

El principal partido de la oposición argumenta en su escrito a la Mesa del Senado que la citada proposición de ley pretende modificar leyes que por razón de la materia que constituye su objeto deben ser tramitadas como proyecto de ley orgánica.

Además, alude a que no es necesaria la tramitación urgente de la proposición de ley, hasta el punto de ver “incomprensible que una reforma tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento constitucional sea considerada de tal urgencia que impide su tramitación de conformidad con los plazos ordinarios”.

“Toda decisión que afecte a elementos sustanciales del sistema de protección criminal de nuestro Estado de derecho y ordenamiento constitucional exige un debate y estudio profundo y sustancial, por respeto a todos los grupos parlamentarios y a los sectores implicados”, defiende el PP.

"EN CONTRA DE LOS LETRADOS"

A ello une que la admisión de las enmiendas de los grupos que sostienen al Gobierno por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se ha hecho “en contra del criterio de los letrados” de la Cámara, “que advirtieron de la antijuridicidad de las enmiendas 37, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62 y 82 presentadas e incorporadas al texto que se nos ha remitido al Senado”.

En concreto, el PP alude a las enmiendas 61 y 62 que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional y las mayorías parlamentarias exigidas para ser elegidos miembros del mismo, destacando que son claramente inconstitucionales, a pesar de que estén en el texto remitido al Senado.

Además, se recuerda que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó recurso de amparo ante el TC el pasado día 13 de diciembre solicitando medidas cautelares de suspensión del acuerdo de tramitación de la de las citadas enmiendas 61 y 62, respecto del que todavía no hay pronunciamiento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Senado solicita a la Mesa de esta Cámara, a través de un escrito rubricado por su portavoz, Javier Maroto, la suspensión de la tramitación de esta proposición de ley orgánica con la que se reforma el Código Penal de manera exprés.

Es el próximo jueves cuando está previsto que la proposición de ley con todas las reformas incluidas en el Congreso sea discutida y votada en el Pleno del Senado, de manera que quede definitivamente aprobada sin necesidad de que regrese a la Cámara Baja, porque los partidos que respaldan al Gobierno no tienen previsto -como con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023- considerar ninguna enmienda de la oposición.