La proposición no de ley del Grupo Canario pedía al Gobierno que impulsara para las personas con discapacidad funcional las mismas condiciones de contratación en los servicios de telefonía de las que se benefician los jubilados y pensionistas, y que se les otorguen condiciones especiales de precios para acceder a Internet.

Para ello plantea un descuento del 95 por ciento en la tarifa plana más favorable del opeador que provee el servicio universal, en este caso Telefónica, y que en acceso a ADSL básico se fijen rebajas del 75 por ciento en la cuota de alta y los equipos, y del 95 por ciento en la tarifa mensual, o de un 25 y un 50 por ciento, respectivamente, en los servicios "no básicos".

El portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero, defendió esta iniciativa con la que su grupo insiste en la necesidad de beneficiar a las personas con discapacidad física, cuyas dificultades de movilidad "pueden ser notalemente reducidas mediante las telecomunicaciones", tanto en los servicios de telefonía como de Internet.

"Las condiciones de algunos colectivos para acceder a las nuevas tecnologías precisan de medidas de todo tipo" para tener igualdad de oportunidades, explicó Rivero, y el caso de los discapacitados físicos no está contemplado en las normativas actuales.

Jordi Jané, de CiU, manifestó su coincidencia con la propuesta de Coalición Canaria, que enmendó para incluir "expresamente" a las personas co discapacidades sensoriales, además de aquéllas que padecen "graves discapacidades físicas".

En nombre del PSOE, Francisca Pleguezuelos subrayó que es "inexplicable que la legislación no recoja a los discapacitados como grupos especiales" en la legislación sobre telecomunicaciones, y denunció que esto se debe a que las medidas para beneficiarles tienen "coste económico".

A su juicio, las personas con discapacidad tiene ahora una "oportunidad importante", porque la Ley General de Telecomunicacione está en fase de anteproyecto, por lo que debe acometerse ahora la "discriminación preferencial", como la que plantea Coalición Canaria, a la que propuso una enmienda para que también afecte a los discapacitados sensoriales.

MENOS PALABRAS, MAS HECHOS

Dijo al PP que "obras son amores, y no buenas razones", por lo que le emplazó a aplicar los acuerdos a los que llega y cumplir sus compromisos, pasar "de las palabras a los hechos" y no limitarse a hacer "brindis al sol" para eludir lo que es una "obliación constitucional".

El portavoz de Política Social de IU, Antero Ruiz, indicó que es "indiscutible nuestro apoyo a esta iniciativa", como "mal menor", y criticó las propuestas que se hacen "de cara a la galería porque no se desarrollan, no se presupuestan, o no se ejecutan".

Enrique Belda, del PP, presentó un texto alternativo para dejar claro que este objetivo de facilitar el acceso de las personas con minusvalía a las nuevas tecnologías debe canalizarse en la trasposición de la directiva cmunitaria sobre acceso a las telecomunicaciones, el llamado "paquete Telecom", que se hará en los próximos meses.

Advirtió de que se pueden generar desigualdades dentro del propio colectivo si se rompe el marco general del servicio universal de telecomunicaciones, y anunció que en el proceso de adaptación de esta normativa europea al ordenamiento jurídico español se tendrán en cuenta las distintas discapacidades.

Además, indicó que habrá que estudiar las conclusiones que se alcancen en la subcomiión sobre discapacidad que trabaja ahora en el Congreso de los Diputados para averiguar dónde están las necesidades del sector y discriminar "a los colectivos que antes y con prioridad" se deben beneficiar: invidentes, sordos y personas con discapacidades severas.

Tras esta intervención, Rivero dijo que aceptaría la enmienda del PP pero como "complemento", no como sustitución, así como las aportaciones del Grupo Catalán y la del Grupo Socialista, pero Belda insistió en que su enmienda implicaba retira la de Coalición Canaria, lo que finalmente impidió el acuerdo.