Los citados tres grupos presentaron enmiendas a la Ley de Medidas Específicas en materia de Seguridad Social para preservar el derecho que, a su juicio, asiste a las comunidades autónomas para dar ayudas a los perceptores de dichas pensiones.

La diputada del PSOEIsabel López i Chamosa afirmó que la ley es "netamente inconstitucional" y va "contra las comunidades autónomas", por lo que de no modificarse en el Senado, donde los socialistas presentarán un texto alternativo al del Gobierno, estudiarán recurrir la norma al Tribunal Constitucional.

Precisamente el Gobierno aprobó este proyecto de ley tras una sentencia del Tribunal Constitucional que daba legitimidad a la paga realizada en 1998 por la Junta de Andalucía a los perceptores de pensiones no contributivs.

Para López i Chamosa, la ley "impide que las comunidades autónomas puedan hacer política social" y "modifica las competencias" que les dan los estatutos de autonomía. Su compañera Rosa Peris fue más allá y acusó a los populares de hacer una ley para "igualar en la miseria" a los pensionistas.

El portavoz del PP en Pensiones, Tomás Burgos, tachó de "frivolidad y muestra de demagogia burda" dicha acusación y denunció que PSOE, CiU y PNV quieren "socavar el principio de igualdad" de las pensiones

"Si la Seguridad Social pierde los principios de igualdad, equidad y solidaridad" se iría a una "especie de beneficencia" por parte de cada comunidad autónoma, advirtió Burgos, para quien las pagas adoptadas por algunas regiones son "electoralistas" y tratan de "comprar voluntades" en vísperas de los comicios.

Desde CiU, Carles Campuzano denunció la intromisión de competencias que hace la norma del Gobierno y reclamó la articulación de un modelo que mejore la colaboración entre Estado central y omunidades autónomas.

Iñaki Txueka (PNV) advirtió de que la norma va a provocar "una cascada de recursos" ante el Tribunal Constitucional y Antero Ruiz, de IU, alertó al PP de que la ley no impedirá que las comunidades autónomas sigan dando pagas a sus pensionistas, algo de lo que ya ha avisado también el Consejo Económico y Social (CES).

ACUERDOS

Pero al margen de dicho punto de discrepancia, los diputados consiguieron sacar adelante otra serie de enmiendas, muchas de ellas dirigidas a mejorarla protección social de diferentes colectivos, entre ellos los discapacitados.

Así, con una enmienda de CiU transaccionada por el PP, los hijos con una discapacidad mayor del 33% seguirán computando a efectos de que los padres perciban prestaciones en favor de familiares aunque hayan cumplido los 18 años o trabajen y sus rentas no supongan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Del mismo modo, el PP aceptó una iniciativa de los nacionalistas catalanes por la que el discapacitado será beneficario de las prestaciones en favor de familiares que correspondieran a sus padres, siempre que tenga más de 18 años, no haya sido incapacitado judicialmente y conserve su capacidad de obrar.

En principio, los populares iban a aceptar otra enmienda de CiU para que los hijos discapacitados computaran doble a efectos de ser familia numerosa. José Eugenio Azpiroz, del PP, se comprometió a estudiar esta cuestión en el trámite en el Senado o en el proyecto de Ley de Familias Numerosas, que se tramita actualmnte en el Congreso.

También salió adelante una propuesta de PSOE, CiU e IU para que figure como cotizado a efectos de jubilación y también maternidad el periodo de excedencia que se coge un progenitor para cuidado de un hijo o ascendiente.

Asimismo, y en virtud de un acuerdo entre PP y PSOE, los empresarios no podrán aplazar las cuotas sociales correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus empleados.

La aprobación del texto modificado del proyecto de ley, amén e las enmiendas citadas, sólo contó con el apoyo del PP, ya que CiU y PNV votaron en contra y PSOE e IU se abstuvieron. La norma pasa ahora a ser tramitada en el Senado.