El portavoz del grupo popular, Josep Curto, consideró que el documento, que será presentado en la ponencia conjunta de todos los grupos, "no sirve para unir y conciliar criterios" y que "si no hay modificaciones muy profundas del texto nos será muy difícil poderlo asumir".

En este sentido, añadió que el PP elaborará de forma "urgente" u documento de trabajo alternativo al presentado por el gobierno de Jordi Pujol.

Por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, advirtió que su partido "podría situarse fuera del consenso si se trata de realizar una ley para dejar las cosas como están o para retroceder" en materia lingüística.

Según Carod-Rovira, es "de sentido común" que se establezcan cuotas para las radios y televisiones públicas y de concesión de la Generalitat, y que se delimiten sanciones.

El residente del grupos del PSC, Joaquim Nadal, aseguró que su formación comparte "en aspectos generales" muchos de los criterios del Gobierno catalán, aunque discrepa de "la obligatoriedad imperativa en el terreno de la vida cotidiana", ya que, dijo, "regular la conversación entre dos personas es legislar contra natura".

Para el diputado de IC-EV, Ignasi Riera, comentó que el documento del gobierno catalán es "válido y justo para empezar a hablar" y valoró positivamente que el título de la ley haga refeencia al uso de las dos lenguas oficiales en Cataluña".

El consejero de Cultura comentó en los pasillos del Parlamento de Cataluña que la propuesta recoge el principio de "disponibilidad lingüística", según el cual todos los ciudadanos tienen el derecho de ser atendidos y correspondidos en la lengua que deseen tanto en la administración como en los establecimeintos comerciales.

Pujals señaló que los empleados de la administración deberán conocer obligatoriamente el catalán y el castellano para poer hablar a los ciudadanos en la lengua que éstos pidan, y que "en el caso de las grandes superficies o establecimientos y en las grandes empresas no es necesario que se exijan las dos lenguas a todas las personas que tengan una relación laboral, pero la empresa debe garantizar que en su plantilla habrá trabajadores que puedan atender en catalán".