El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, negó que prohibir la concentración de Bilbao suponga una limitación de los derechos fundamentales y acusó al Ejecutivo de Zapatero de "limitarse" en sus funciones ante el "chantaje" de la organización terrorista ETA.

Arias Cañete sugirió que el Gobierno no quiere impedir la manifestación convocada para mañana por miedo a que el proceso de diálogo abierto con ETA "salte por los aires". Por eso, dijo, "el Gobierno cede al chantaje de los terroristas y mendiga reuniones".

El dirigente popular denunció que Zapatero está dando a Batasuna toda clase de "oportunidades" para comportarse como un partido político pese a que fue ilegalizado en 2003 por el Tribunal Supremo dada su vinculación a ETA.

LA CONVOCATORIA ES UN "FRAUDE DE LEY"

Arias Cañete adujo que la convocatoria de la manifestación de Bilbao es un "fraude de ley" porque al menos ocho de las 40 personas que la promueven participaron en listas electorales ilegalizada del entorno terrorista, lo que le llevó a sostener que la marcha está "organizada, promovida e instrumentalizada" por ETA-Batasuna.

De los 40 convocantes, citó a Luis Muñoz, candidato de Euskal Herritarrok (EH) por Bilbao en las municipales de 1999; Zuriñe Zorrozua, candidata de EH en las autonómicas de 2001 y de Herri Aurrera en las municipales de 2003; Íker Urigüen, representante de Herri Aurrera en Deusto; José Antonio Rojo, candidato de Herri Aurrera en 2003; Aitor Balda, candidato de Herri Aurrera en 2003 y de Askatasuna en las autonómicas de 2001; Dolores Gómez, candidata de EH por Bilbao en 1999 y por Herri Aurrera en 2003; Izaskun Guarrotxena, miembro de las listas de Herri Aurrera en 2003; y Edorta Urbiola, representante de la ONG de ayuda a presos etarras Askapena.

Arias Cañete explicó que el PP ha descubierto estas coincidencias, por lo que instó al Gobierno y a la Fiscalía a prohibir la manifestación. "¿Qué más datos (necesitan) que ser de Batasuna y sus plataformas ilegalizadas?", dijo.

En su opinión, el Gobierno y la Fiscalía podrían ir todavía más lejos si utilizasen "todos los medios" del Estado de derecho a su alcance. Si no lo hacen, añadió, supondría "la rendición del Estado" a la vista de los datos recabados por el PP. Por todo ello, Arias Cañete conluyó: "Quien quiera dejarse engañar que se deje".