El diputado de Iniciativa per Catalunya (IC) Joan Saura, argumentó que la tasa de ocupación feminina en España, de un 40%, frente al 54% de la Unión Europea, y la baja tasa de natalidad se deben entre otros factors, a las "deficiencias del Estado de bienestar en la atención a niños de entre cero y tres años".

Añadió que las mujeres se enfrentan actualmente a una "sobrecarga de trabajo si acceden al mercado laboral", pues dedican 44 horas semanales a la atención doméstica, frente a las seis de los hombres, por lo que insistió en que "hay que fomentar la igualdad de los hombres y mujeres en el terreno familiar, lo que exige un gran cambio cultural, pero también iniciativas legislativas que vayan en esta direcció".

Por su parte, Carlos Ignacio Aymerich, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), recalcó que la ley de conciliación de 1999 "no cumple las expectativas", y es "regresiva, pues refuerza el tradicional reparto de tareas", y denunció que el Gobierno no muestra "ninguna voluntad real de avanzar en el reparto de roles, pues el trabajador sigue exento de cualquier responsabilidad en el cuidado de los niños y del hogar".

En nombre del PSOE, Micaela Navarro recalcó que la conciliación real entre la vida fmiliar y laboral sigue siendo la "asignatura pendiente en el proceso de equiparación de los derechos y oportunidades entre hombres y mujeres", pues las responsabilidades familiares son aún un "lastre para muchas mujeres que pretenden acceder al mercado laboral".

Por ello, insistió en la necesidad de "adaptar las leyes" para que tanto hombres como mujeres "no tengan que elegir entre ser trabajadores y padres o madres". Asimismo, recalcó la "falta de equilibrio en el reparto de las responsabilidades famliares y domésticas", pues "las mujeres siguen ocupándose casi en exclusiva de las tareas domésticas", ya que desde 1996 la distancia entre el tiempo que dedican hombres y mujeres a estas labores sólo se ha reducido en 18 minutos.

"HUELGA DE UTEROS"

Marisa Castro, de Izquierda Unida, se confesó "perpleja" ante el "descaro" del PP al promover una ley de conciliación de la vida familiar y laboral que se limita a "poner a las mujeres a parir a la carta" que propone el Gobierno, y advirtió de que "nos pdemos poner en huelga de úteros". Insistió en que "quien más gana" con estas iniciativas "son nuestros hijos, que no tendrán que verse obligados a seguir creciendo solos en los países desarrollados".

El portavoz de CiU en la Comisión de Política Social y Empleo, Carles Campuzano, explicó que "las familias están viviendo una profundísima transformación", por lo que se debe dar respuesta a esta nueva realidad y a la incorporación de las mujeres al mundo laboral, por lo que apoyó la toma en consideraciónde estas propuestas.

Por su parte, Luis Mardones, de Coalición Canaria, indicó que "la aplicación de la ley de 1999 puede llevar a que se haga una auténtica discriminación" al establecer sólo el derecho de maternidad, y no el de paternidad. Igualmente, el diputado del PNV Iñaki Txueka, destacó que, para asegurar el futuro de las pensiones, hay que garantizar el equilibrio entre población activa y pasiva, por lo que mostró su apoyo a cualquier medida que facilite el incremento de la tasa de natalidad.OBJETIVOS DE LA LEY CONCILIACION

La diputada del PP María Jesús Sáinz reprochó a los grupos de la oposición los "juicios de intenciones" que han vertido sobre el Grupo Popular y el Gobierno, y recordó que la ley de 1999 "introdujo importantísmos cambios legislativos para que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de los hijos, al conceder a la mujer la opción de que sea el padre quien disfrute las diez semanas del permiso de maternidad".

En este sentido, apuntó que, aunque no se reconoc como derecho individual el permiso de paternidad, el PP promovió una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a elaborar un estudio "que evalúe la posibilidad de que se otorgue a los hombres un derecho de un permiso por paternidad independiente del de la madre".

Insistió en la necesidad de analizar este tema y someterlo al diálogo social, pues este tipo de permiso "repercutiría en las relaciones entre las empresas y los trabajadores", y podría incluso producir un "efecto disuasorio" quedificultaría la contratación de hombres que pueden ser padres.

"Aún quedan cosas por hacer" en cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral, y "ése es el objetivo del Gobierno y del Grupo Popular desde hace seis años", concluyó.