Para ello, ha presentado un total de 85 preguntas -cinco por cada departamento del Gobierno- en las que solicita información sobre las funciones que se realizan en cada uno de los centros directivos y unidades administrativas.

También pie información el PP sobre centros directivos que realizan funciones o prestan servicios coincidentes, en parte o en todo, con las que realizan o prestan las comunidades autónomas, sobre los recursos humanos y materiales con los que cuentan, sobre los puestos de nivel directivo y sobre los planes de empleo, de los previstos en el artículo 18 de la ley 30/84.

Según Manuel Núñez, portavoz de Administraciones Públicas, "con esta iniciativa, el PP pretende saber qué es lo que hace cada ministerio y forzar e alguna manera al Ejecutivo a que audite su gestión, porque lo que es inútil e injustificado es que nos sigamos encontrando en cada ministerio con estructuras directivas más amplias que las existentes en 1982, cuando las competencias no habían sido transferidas a las comunidades autónomas".

Para el PP, agotados los dos primeros periodos de sesiones de la quinta legislatura, la política del Gobierno socialista en materia de Administraciones Públicas se puede calificar como "rotundo fracaso o, para sermás exactos, de persistencia en el fracaso, si tenemos en cuenta que la reorganización y modernización de la Administración Pública viene siendo la asignatura pendiente de los sucesivos gobiernos de Felipe González".

Según Núñez, las medidas concretas que el Gobierno socialista prometió y no ha cumplido son la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, la Ley del Gobierno, el Estatuto de la Función Pública, la Ley de Contratos de la Administración del Estado, el Plan de Modenización de la Administración, segunda fase, y los reglamentos que desarrollan determinados puntos de la Ley de Bases de Régimen Local.