Asimismo, propone adoptar las medidas necesarias para impulsar la cooperación con las comunidades autónomas, las asociaciones de consumidores y los sectores empresariales para garantizar la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores.

El Grupo Popular afirma en su argumentación que el hábito de consumo puede significar un aumento del riesgo, tanto físico como económico, de no estar suficientemnte garantizado por las administraciones públicas, y recuerda los problemas derivados para la salud por consumo de diversos productos alimenticios en algunos países del entorno europeo en los últimos años.

Asimismo, recuerda la responsabilidad compartida que tienen en esta materia las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Administración central, por lo que "parece necesario que se adopten medidas para garantizar el adecuado nivel de seguridad para los consumidores.