En el texto de la solicitud, difundido por el PP, los populares quieren que esa comisión sirva para "conocer la intermediación política del Gobierno y la utilización de recursos públicos en operaciones empresariales de sectores estratégicos de la economía española".

Los populares aseguran que las pretensiones de Lukoil han generado "una profunda inquietud en la sociedad en general, en los accionistas de las empresa, especialmente pequeños ahorradores, en los consumidores y en el sector industrial en su conjunto".

Para el PP, la operación de Lukoil "genera enormes incertidumbres, a las que se añaden las derivadas de la conocida inestabilidad financiera del potencial comprador".

Los populares sostienen que el Gobierno tiene que explicar algunos aspectos supuestamente comprometedores de esta operación, como que el ICO financiara en 2006 la compra de acciones de Repsol por parte de Sacyr.

Posteriormente, prosigue su exposición el Grupo Popular, Sacyr se ha visto "beneficiada por un inusual porcentaje de adjudicación -alrededor de un 36% de su facturación en 2007- de obra pública dependiente del Gobierno de la Nación frente a sus inmediatos competidores".

Para el PP, "a ello se añade la sospecha fundada de que ésta no sería la única operación que el Gobierno ha alentado durante la pasada y la actual legislatura en sectores estratégicos de nuestra economía".

La comisión de investigación reclamada por los populares tendría como objetivo, de acuerdo con su propuesta, "conocer el grado de intermediación política del Gobierno en operaciones de reestructuración de empresas privadas".

También debería "conocer la finalidad y el grado de exposición de recursos públicos otorgados a estas operaciones, especialmente a través del Instituto de Crédito Oficial".

Más en concreto, los populares quiere que se investiguen "las motivaciones y decisiones de los organismos reguladores, en especial la CNMV, la Comisión Nacional de la Energía, y la Comisión Nacional de la Competencia, que hayan afectado o condicionado a tales operaciones".

Otros objetivos de la comisión investigadora reclamada por el PP son "conocer el coste de dedicar recursos públicos a financiar determinadas operaciones empresariales por su oportunidad política, en vez de financiar actividades empresariales por su impacto en la economía real".

También reclama "determinar las responsabilidades derivadas de la falta de transparencia en estas operaciones, de la intermediación política y del uso de recursos públicos para financiarlas".