Así lo expresó el coordindor de Comisiones del grupo popular, Enrique Fernández Miranda, quien calificó el proyecto del Gobierno como "proteccionista" y "paternalista" y afirmó que pone las cámaras de comercio al servicio del Gobierno.

Fernández Miranda propuso que el control sobre las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación lo realicen las Cortes, o los parlamentos autonómicos, y el Tribunal de Cuentas, que debería supervisar los presupuestos de estos organismos.

Asimismo, dijo que todo los conflictos relativos al rglamento, censo electoral y sus reclamaciones deben seguir la vía ordinaria de la justicia, y no depender de ningún departamento gubernamental.

Otra de las enmiendas presentadas por el grupo popular reduce el recurso cameral permanente (los fondos aportados por los afiliados a las cámaras) a un 50 por ciento, mientras que la propuesta gubernamental es del 60, ya que el PP considera que en los tiempos de crisis actuales no se debe presionar más al sector productivo del país.

Sin embargo, los populres piden que la reducción de los cuotas a pagar por los comerciantes se realice progresivamente en un plazo de 10 años, y de 15 para Ceuta y Melilla, frente a los 5 años propuestos por el Gobierno.

Fernández Miranda informó que su grupo también ha propuesto que las comunidades autónomas sólo puedan aumentar las cuotas que se apliquen sobre el Impuesto de Actividades Económicas del 2 por ciento al 3, frente al 9 por ciento del proyecto originario.

Se trata así, según el diputado popular, de evita que el Gobierno pase "la patata caliente del aumento de cuotas a las comunidades autónomas".

En cambio, Fernández Miranda aseguró que su grupo es partidario de dos de los aspectos más conflictivos de este proyecto de ley: la afiliación obligatoria a las cámaras, y la participación en los plenos de estos organismos de personas propuestas por las organizaciones empresariales.

ELECCIONES ANTICIPADAS

En el terreno político, el portavoz popular pidió la convocatoria de elecciones "ante el grado de eterioro generalizado" de la sociedad española.

En su opinión, las palabras de Cuevas, que achacó a la adhesión a la CE y a Maastricht la destrucción del tejido industrial español, expresan la preocupación creciente que se está generalizando en los ámbitos empresariales y comerciales.

A juicio de Fernández Miranda, los problemas de España no vienen por la convergencia con Europa ni del Tratado de Maastricht, sino "de los nefastos planteamientos económicos del señor González".