La querella se dirige a la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra Chaves y "contra quienes en fase de instrucción se compruebe que hayan podido participar como coautores, cooperadores, inductores o responsables civiles en los hechos delictivos que se denuncian".

El PP explica que el objeto de la querella es "la irregular" aprobación por parte de la Junta de Andalucía, presidida en aquel momento por Chaves, "de un incentivo" de 10.093.472,7 euros a Matsau, de cuyos servicios jurídicos era responsable la hija de Chaves.

De hecho, añade, Matsau "habría contratado específicamente" a Paula Chaves "para obtener la cuantiosa ayuda referenciada, dado que la misma le había sido previamente denegada por dos veces, por no reunir los requisitos legalmente establecidos".

Dice el PP que la ayuda se concedió mediante un expediente "en el que se aprecian clamorosas irregularidades, tales como una inusitada celeridad en las contestaciones al solicitante, flexibilidad e inobservancia de los requisitos de la normativa aplicable, incrementos de la cantidad concedida injustificados y demás circunstancias que se expondrán detalladamente a continuación".

El PP detalla en la querella las ayudas que había solicitado Matsau y el resultado de las mismas, hasta llegar a un "sustancial cambio en la actitud" de la administración andaluza, que achacan a la contratación de Paula Chaves.

Dadas las labores que, según la propia empresa, desempeñaba en ella Paula Chaves, el PP concluye que "no podía desconocer" los procedimientos de solicitud de incentivos ni pudo ser ajena a la petición que resultó finalmente satisfecha.

A partir de todo ello, "es evidente la existencia de un flagrante trato de favor en la tramitación y concesión del incentivo a Matsa por parte de la Junta de Andalucía presidida por el señor Chaves, quien sin duda fue plenamente consciente y auspició dicho trato de favor hacia la empresa para la que trabajaba su hija".

El PP cree que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y de tráfico de influencias y propone la práctica de un interrogatorio a Chaves y la incorporación a los autos de los documentos que adjunta a la querella.