Populares y socialistas unieron sus votos para rechazar los vetos a los proyectos de ley reguladora del CNI y orgánica reguladora del control judicial previo del CNI presentados por el PNV y el Grupo Mixto, así como las enmiendas de estos mismos grupos junto a las de CiU y Coalición Canaria.

El portavoz del PNV en la Cámara Alta, Joseba ubía, argumentó su rechazo a los proyectos de ley en la "ambigüedad" del texto, que "debería predeterminar perfectamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer" desde el CNI, algo que, a su juicio, "esta ley no lo hace". "No se sabe qué se investigará", agregó, lo que produce "importantes inquietudes".

Según Zubía, las leyes consensuadas por PP y PSOE prevén el respeto a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, pero no contemplan otros derechos fundamentales, como todo lo referente a a informática. La "ausencia absoluta del ministerio fiscal" en la ley fue otro de sus reproches.

Por su parte, la senadora de Eusko Alkartasuna, Inmaculada Boneta, defendió que el director del CNI sea nombrado por el Parlamento, en lugar de por el Gobierno, y que el organismo esté adscrito al Ministerio de la Presidencia, en vez de al de Defensa.

Tanto nacionalistas catalanes como canarios ofrecieron su apoyo a la iniciativa de PP y PSOE, si bien defendieron en la comisión algunas enmiendas que n fueron aprobadas por los grupos mayoritarios.

El senador de CiU Vicent Beguer defendió dos enmiendas para aumentar la coordinación de los servicios de inteligencia estatales con los gobiernos autonómicos, lo que fue rechazado porque, según el portavoz popular, Agustín Díaz de Mera, las comunidades autónomas no tienen competencias en materia de inteligencia.

El portavoz del PSOE en la comisión, Hilario Caballero, consideró que los cambios introducidos al proyecto de ley durante su trámite en el Cngreso son "suficientes", que los vetos y enmiendas presentadas en el Senado no aportan nada nuevo a las debatidas en la Cámara Baja y que los proyectos de ley están dotados de las "garantías suficientes de control jurídico y parlamentario" y "logran un equilibrio entre eficacia y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos".