PP Y PSOE RECHAZAN EL INTENTO DE CIU DE REPROBAR A JIMENEZ DE PARGA Y PEDIR SU RENUNCIA DESDE EL CONGRESO

- EL PSOE considera "desproporcionado" promover una "confrontación abierta" entre el Constitucional y el Congreso

MADRID
SERVIMEDIA

El Congreso de los Diputados rechazó esta tarde, con los votos de PP, PSOE y Coalición Canria, condenar las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, sobre las nacionalidades históricas, y reclamar que renuncie a su cargo o pueda ser recusado cada vez que los diputados presenten un recurso de inconstitucionalidad, como proponía CiU.

El diputado de CiU Josep López de Lerma defendió esta iniciativa ante unas declaraciones que demuestran una "esconsideración total, plena y rotunda" de nuestra Constitución por parte de Jiménez de Parga, que con su "falta de serenidad de espíritu" no ofrece garantía jurídica a los ciudadanos a la hora de dirimir conflictos.

Subrayó que la Constitución consolidó una realidad multinacional que el presidente del Constitucional "se niega a reconocer y respetar", lo que "lesiona la credibilidad del tribunal que preside" y pone de manifiesto la "parcialidad" de sus decisiones.

Concluyó que la Constitución "a odos nos obliga, incluido el señor Jiménez de Parga", por lo que considera necesario que el Congreso se pronuncie para que, en el caso de que el presidente del Constitucional no renuncie de forma voluntaria, pueda ser apartado de los casos en los que se deban dirimior conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas.

UN ZORRO A CUIDAR GALLINAS

EL diputado de Izquierda Unida Luis Carlos Rejón, deploró que el presidente de un órgano constitucional haga declaraciones contrarias al espíritu y la letra de la Constitución", y confesó que "no nos sentimos a gusto" con Jiménez de Parga como presidente del Constitucional, ya que, ironizó, "nadie pondría a un zorro a cuidar gallinas".

"Las declaraciones escandalosas de Jiménez de Parga han sido variadas y frecuentes", prosiguió, para insistir en que debe dejar de ser presidente del Constitucional no sólo por sus palabras, sino también por su "milimétrica" adscripción a los criterios del Ejecutivo, porque "no se puede tener un árbitro e la Constitución" que está "al servicio del Gobierno del PP".

Josu Erkoreka, del PNV, dijo que las "chuscas declaraciones" de Jiménez de Parga "no pasarían de ser una anécdota grotesca" si no fuera porque el presidente del Constitucional adopta una "posición política" que condiciona sus decisiones al frente de este tribunal. Por ello, manifestó su apoyo a la iniciativa de CiU, y rechazó la modificación propuesta por los socialistas.

También votaron a favor Joan Saura, de Iniciativa per CatalunyaVerds, por considerar que Jiménez de Parga está deslegitimado para continuar en este cargo, al igual que el BNG, que le acusó de entrar en la "estrategia partidista del Gobierno", y Joan Puigcercós, de ERC, quien considera que el presidente del Constitucional "legitima el acoso" del Estado a las comunidades autónomas.

TEMPLANZA Y MESURA

En nombre del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, recalcó que los socialistas consideran "desafortunadas" estas declaraciones, pues condicionan la "apariencia de impacialidad que es exigible" para instituciones como el Constitucional, y que suponen una extralimitación en sus funciones, pero indicó que "un error" no justifica más errores.

A su juicio, vincular el Tribunal Constitucional con su actual composición y hacer una "reprobación general" desde el Congreso es "desproporcionado", por lo que aconsejó a los nacionalistas "templanza, mesura, contención y sentido común", no impulsar una "confrontación abierta entre el Constitucional y el Congreso", algo sin preceentes y de "difícil reconducción".

Por ello, propuso una enmienda transaccional en la que resalta el prestigio del Constitucional y le pide que se exija a sí mismo el "máximo escrúpulo" en sus actuaciones. López de Lerma rechazó la enmienda propuesta por el PSOE porque, indicó, es lo contrario que han defendido los socialistas en el Parlamento de Cataluña.

María del Carmen Matador, del PP, calificó esta propuesta como "muy desproporcionada", además de "extemporánea" y que "choca con nuestro ordenmiento jurídico", y añadió que "a nadie se le ha ocurrido venir a este Parlamento a pedir condenas" por declaraciones de otras personas. Se opuso también a la enmienda propuesta por el PSOE.

(SERVIMEDIA)
11 Feb 2003
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