Esta es una de las enmiendas presentadas por el PSOE al proyecto de Ley de Empleo que ha sido pactada con el PP, que ha introducido algunas modificaciones sobre el texto de los socialistas.

En conjunto, los populares aceptan 21 enmiendas del PSOE, tres de Convergencia i Unió, y una más de Coalición Canaria y de la Chunta Aragonesista, lo que ha permitido el "apoyo crítico" de los socialistas a la ley, ya que mantienen 12 enmienda que no han sido aceptadas.

Entre 2002 y 2004, el Gobierno ya tenía la intención de incorporar 5.000 funcionarios adicionales a los Servicios Públicos de Empleo, tanto al estatal como a los de las diferentes comunidades autónomas, con el fin de mejorar la atención a los desempleados y facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

Así, el acuerdo compromete a que "los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que el número de efectios humanos por desempleadosno superará con carácter general el ratio de un efectivo por cada doscientos desempleados no ocupados".

Además, el concepto de calidad en el empleo se incorpora a la definición de lo que debe perseguir la política laboral y se introduce a la empresa en el ámbito de la prevención del paro, fomentando la empleabilidad de sus trabajadores.

Asimismo, se consigue una "mejor y mayor cooperación" entre la Administración central, que regula las políticas pasivas de empleo (el pago de prestaciones), y lasautonómicas, con competencias sobre políticas activas (acciones formativas y búsqueda de empleo).

Otro punto de las enmiendas del PSOE aceptadas por el PP trata de incorporar a las corporaciones locales a las políticas de empleo en el ámbito autonómico, así como un incremento de los programas de intermediación laboral, con el fin de que los servicios públicos de empleo tengan un mayor protagonismo en la conexión entre las demandas y las ofertas de empleo, ya que actualmente gestionan en tonro al 15% d las colocaciones.

DISCAPACITADOS

El PP también ha aceptado propuestas de PSOE y CiU para que la mujer tenga un protagonismo principal en las acciones de fomento del empleo, atendiendo a su menor presencia en el mercado laboral.

Los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años y los discapacitados van a ser, con esta ley, objetivo principal de las políticas de empleo.

Los Servicios Públicos de Empleo van a tener la opción de contar con entidades colaboradoras especializadas para la intermeiación laboral en el caso de "colectivos con especiales dificultades de inserción".

COMPETENCIAS

El PP mantuvo sus principios en el ámbito competencial y se negó a una mayor cesión a las comunidades autónomas, como demandaban las formaciones nacionalistas.

El debate más intenso se produjo sobre una enmienda presentada por el PP para que el Gobierno central volviera a asumir las competencias en materia de infracción a los desempleados que tienen ahora cinco comunidades autónomas: Cataluña, Galica, Navarra, Canarias y la Comunidad Valenciana.

El Gobierno denuncia que las regiones no ejecutan estas políticas, ya que deben sancionar para recuperar un dinero que acaba en manos del Estado central, que es el que paga las prestaciones. Además, tanto PP como PSOE apuntan que de las cinco CCAA que tienen esta competencia, la única que quiere mantenerla es Cataluña. Los socialistas se abstuvieron en este punto, que apoyó el PP.

El portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trías, denunció que cada ve que PP y PSOE se ponen de acuerdo "es para afectar al autogobierno" de las comunidades autónomas, particularmente de Cataluña.

A su juicio, el quitar dicha competencia "es una vergüenza, un gravísimo error", y denunció que la forma de vertebrar España de PP y PSOE "cada vez se aleja más del espíritu de la Constitución" y "esto no se puede aguantar más".

Pasado este punto, los portavoces de Empleo de PP y PSOE, José Eugenio Azpiroz y Ramón Jáuregui, se felicitaron de la consecución de un acuerdo obre esta ley, que ya contaba con el visto bueno de los agentes sociales y de la mayoría de las comunidades autónomas.