El informe de la Comisión de Peticiones que someterá mañana a votación la Eurocámara no sólo critica las prácticas de "urbanización masiva" en este país, sino que arremete contra la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción.

Además, el texto sugiere interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema, y reclama una indemnización adecuada para las "víctimas de abusos urbanísticos".

Según denuncia Greenpeace, los eurodiputados del Partido Popular y del Partido Socialista "se han aliado" para "boicotear" el informe y evitar que no salga adelante en el Pleno que se celebrará mañana.

"Los delitos urbanísticos en nuestro país no distinguen ideologías políticas", lamenta la ONG, que apela "a la responsabilidad de los parlamentarios europeos para poder salvaguardar el poco territorio virgen que queda en España".