Mato, que manifestó su deseo de consenso y diálogo en esta materia con el Gobierno, consideró que "sería un disparate pedir inverión en el cable con una ley impuesta por el PSOE que sería modificada al día siguiente de las próximas elecciones".

Según el Grupo Popular, el proyecto no es respetuoso con la autonomía local, no apuesta claramente por la iniciativa privada en este sector y pretende arreglar la mala gestión en las empresas controladas por el poder público en materia de telecomunicación.

Asimismo, considera que el proyecto puede atentar contra el pluralismo informativo, fortaleciendo el papel de lo público en la cmunicación, e intenta encubrir una voluntad "antiliberalizadora" en estos servicios.