Esa propuesta figura en una de las 68 enmiendas del PP a los 37 artículos del proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) del Gobierno, al concluir el plazo para la presentación de dichas enmiendas.

El PP defiende que queden excluidos de esta actualización de precios con efectos retroactivos los jubilados, los pensionistas y las personas con una minusvalías mayor del 65 por ciento, siempre que sus ingresos anuales no superen los tres millones de pesetas.

En esos casos el Estado pagaría al casero la diferencia entre el alquiler pagado y el que resultaría de haber efectuado la actualización, al permitir al propietario de la vivienda que deduzca dicha cantidad en la cuota del IRPF o del Impuesto de Sociedades.

El PP cifra el coste de esta medida para al erario público entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas anuales. Según el PSOE, el coste podría elevarse a 100.000 millones de pesetas, ya que el 70 por cien de los inquilinos con renta antigua ganan menos de 2 vecesel salario mínimo.

En todo caso, la actualización de la renta no se producirá de golpe, sino a lo largo de un periodo transitorio de 10 años, con la aplicación gradual de porcentajes del 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 por cien.

El portavoz popular, Rodrigo Rato, afirmó que, si se acepta esta reforma, "en diez años todas las viviendas tendrán unos alquileres razonables", aunque recalcó que las que ahora son de renta antigua seguirían pagado precios por debajo del mercado.

Por lo quese refiere a los locales comerciales, el PP propone una fórmula de actualización de sus alquileres más rápida que para las viviendas, ya que en cinco años tendría que elevarse en una cantidad igual a la inflación acumulada desde que fue suscrito.

La actualización se realizaría en un 20 por ciento el primer años, un 40 por cien el segundo, un 60 el tercero, un 80 el cuarto y un 100 por cien el quinto.

El plazo de extinción de los arrendamientos sería de 25 años desde la fecha del último traspaso, xcepto para bancos, entidades financieras y aseguradoras, que se acogerían al plazo mínimo de 15 años.

Además, habría posibilidad de prórroga por otros cinco años si el arrendatario acepta la aplicación de la total actualización de la renta en el primer año a contar desde la entrada en vigor de la ley.

Los comerciantes tendrán, asimismo, el derecho a subrogarse en los herederos, pero sólo por el tiempo pactado en el contrato, así como a percibir una indemnización a la rescisión del contrato, paracompensarle por el valor añadido al local en concepto de prestigio y clientela.

LOS CONTRATOS NUEVOS, CINCO AÑOS

En cuanto a los nuevos contratos, el PP propone que los inquilinos tengan derecho a permanecer al menos cinco años en las casas que ocupen en alquiler, en lugar de los cuatro años que prevé el proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) presentado por el Gobierno.

La fórmula sugerida por el PP consiste en que la duración del contrato se pacte libremente entre el casero y el inquiino, pero con la posibilidad para este último de prorrogarla hasta un máximo de cinco años, con incremento anual del alquiler igual al IPC.

No tendrán esta posibilidad los inquilinos de casas de verano o de temporada, los suscritos para cursos académicos o de duración inferior a 10 meses y los realizados para pisos "suntuarios", entendiendo por tales los arrendamientos de viviendas de más de 300 metros cuadrados y con una renta superior a cinco veces el salario mínimo (292.650 pesetas).

El PP defende, además, un trato más favorable a los caseros a la hora de poder expulsar del piso a los inquilinos que no pagan el alquiler, mediante la agilización de los trámites judiciales.

Para ello, propone la celebración de juicios verbales de desahucio cuando el inquilino no paga o se niega a abandonar el piso a la finalización del contrato y fijar en un mes el plazo para dictar los laudos en el caso de los procedimientos arbitrales.

También propugna la acumulación en uno solo de los tres actos procsales del desahuicio: notificación de la sentencia condenatoria, apercibimiento al demandado de desalojo y señalamiento de día y hora para el lanzamiento judicial.

Rodrigo Rato afirmó que las propuestas del PP permiten un "equilibrio razonable" entre los intereses de los caseros y de los inquilinos y abordan problemas que cuya solución el PSOE ha preferido posponer "a la siguiente generación".