Según explicó hoy el diputado popular José Manuel Otero Novas, "existen motivos para creer que la normativa que pretende implantar el Gobierno sobre los coeficientes de las entidades financieras es inconstitucional".

Por un lado, afirmó, "delega en las autoridades económicas y monetarias la regulación de materias sobre los coeficientes de solvencia e invesión que deben ser decididos por el Parlamento y plasmados en una ley, como los mínimos y máximos aplicables y las condiciones que deben darse para poder modificarlos".

Además, el Ejecutivo "se arroga unas competencias que no le corresponden, porque la propia Constitución regula que la potestad reglamentaria del Gobierno no puede crear obligaciones ni limitar derechos, para lo que hace falta una ley y el refrendo de las Cortes".

Otero Novas explicó que el objetivo del PP con su enmienda "es evita que el Ministerio de Economía y Hacienda, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores acumulen una cantidad de poder peligrosa para la seguridad y estabilidad del sistema financiero".

A su juicio, "con leyes como está no es de extrañar que el Gobierno diga que la derecha económica del país tiene un alto sentido del Estado, ya que sojuzga a los responsables de las entidades y les obliga a estar haciendo permanentemente un homenaje al poder".

Agregó que su grupo no ha elaborad un texto legal alternativo "porque no es necesario, ya que está todo perfectamente regulado en cuatro directivas comunitarias". En su opinión, bastaría con reproducir la legislación europea "e incluir los coeficientes que deseamos para nuestro país, dentro de los márgenes que permite la propia CE".

MECANISMO DE AUTOFINANCIACION

El diputado coincidió con los responsables de los principales bancos en que "los coeficientes de inversión deberían ser suprimidos", y acusó al Gobierno de emplear este mecaismo "para financiar su propio gasto público".

También dijo que los efectos nocivos son dobles. "Por un lado", afirmó, "eleva los costes de explotación de las entidades, limitando su competitividad, y por otro, hace recaer todas las consecuencias sobre los clientes de bancos y cajas, que son los que acaban pagando las consecuencias mediante precios más altos por los servicios que reciben".

Respecto a los ceficientes de solvencia, expresó la opinión favorable de su partido a mantenerlos en el 8 po cien actual, el mínimo exigido por la CE, acogiéndose también a los requisitos que fija la Comunidad para aplicarlos. Algunos expertos opinan que la base de cálculo que se emplea en España es más amplia y, por tanto, reresenta una imposición más dura que la comunitaria.

Además, el Grupo Popular presentará otras 20 enmiendas parciales "para evitar", según Otero Novas, "el tremendo daño para el sistema financiero que causaría el rechazo de la enmienda a la totalidad y la aceptación de la ley por las Cotes tal y como la plantea el Gobierno".