Según explicó el responsable de Industria del PP en el Congreso, Luis Gámir, lo que ésta ley plantea es derogar la reciente ley de privatizaciones del Gobierno socialista, y limitar en algunas empresas la participación extranjera al 25% y la de cualquier socio de los actuales monopolios que e privaticen al 15%.

Otro compromiso de la ley es destinar los recursos generados por la venta de empresas públicas a la reducción de la deuda del Estado, algo que, a su juicio, ha permitido al Gobierno "pulirse" más de un billón de pesetas que ha obtenido hasta ahora con las privatizaciones de Endesa, Telefónica, Repsol y Argentaria.

Gámir reconoció la dificultad que esta proposición de ley tiene de salir adelante antes de que finalice la actual legislatura, pero le otorgó el valor de ser un comromiso formal del PP en el supuesto de que forme Gobierno tras las próximas elecciones.

En este sentido, explicó que el PP no asume la política de constitución de "núcleos duros" de accionistas que ha emprendido el Gobierno en los últimos meses, y aunque señaló que en el caso de Telefónica es loable, advirtió que se trata de un mecanismo por el que se puede conservar el poder público en las empresas incluso después de venderlas.

El dirigente popular evitó dar una lista de empresas que serían privtizadas, aunque reconoció que existe un documento de trabajo en el partido con el que su presidente, José María Aznar, ha dividido las compañías estatales en cuatro grupos: de más fáciles a más difíciles de privatizar.

No obstante, precisó, hay sociedades que serían de rápida privatización en función de las condiciones del mercado, como es el caso de Argentaria, y para otras habría que determinar el alcance de la venta -total o parcialmente-, como es el caso de Endesa o Telefónica. En otros casos, la portunidad sería introducir más competencia y liberalizar el servicio, como es el caso de Renfe.

Dicho documento, dijo, emplea dos criterios de selección, el del beneficio social que las empresas aportan al país, comparado con el que aportarían desde el sector privado, y el de la facilidad para privatizarla, teniendo en cuenta que una empresa pública que no se justifica por su beneficio social puede no estar en el mejor momento para ser vendida.

Asimismo, señaló que dicho informe está incompleto,por la negativa del Gobierno a trasladar al Congreso los estados de cuentas y situación de las empresas públicas de forma periódica. Añadió que este análisis se hará con la llegada del PP al Gobierno para afinar más las posibilidades de privatización de cada una de estas compañías.

En cualquier caso, precisó Gámir, éste es un compromiso que el PP asume públicamente en el supuesto de formar gobierno, si bien reconoció que está intentando que entre en vigor antes, mediante una enmienda al proyecto de le de derogación del INI y el INH que los populares están discustiendo actualmente con el Grupo Socialista.

Gámir señaló también que, en las próximas semanas, su partido presentará otro proyecto de ley a la Cámara Baja, sobre el Estatuto de la Empresa Pública, en el que definirá las características que deberían reunir las compañías que deben seguir en la órbita del Estado, para incluir el resto en las privatizables.