Las proposiciones de los populares instan al Gobierno a que, "en el plazo de seis meses", adopte las disposiciones reglamentarias necesarias paraque los datos personales que figuran en los Documentos Nacionales de Identidad y en los permisos y licencias de conducción de vehículos a motor que sean expedidos en el territorio de las comunidades autónomas que, además del castellano tengan otra lengua oficial propia, sean también redactados en dicha lengua a petición del interesado.

El PP alude a principios de la Constitución en la exposición de motivos y señala que "la realidad plurilingüe de nuestro Estado impone la necesidad de facilitar al ciuddano en sus relaciones con la Administración General del mismo el uso indistinto del castellano como lengua oficial estatal y de las demás lenguas españolas oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus correspondientes Estatutos."