Argumentan que estos dos colectivos "precisan en mayor medida que otros del apoyo públicos, puesto que tienen que soportar en muchos casos la adquisición de productos y la contratación de servicios sanitarios y de carácter social de elevado coste".

La modificación que proponen permite "reducir el coste final de esos servicios, así como la asistencia social de esos colectivos".

También "completar la definición, hasta ahora demasiado estricta, de los productos sanitarios concebidos para determinados discapacitados y cuyo elevado coste de desarrollo y producción, junto con su bajo consumo, hace inviable o excesivamente oneroso su mantenimiento sin ningún tipo de apoyo fiscal".

Para ello, el PP pretende modificar el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para incluir en el tipo reducido "la prestación de servicios y asistencia social para discapacitados físicos y psíquicos y personas mayores en centros residenciales".

Otro punto en ese mismo artículo incluiría los productos especialmente concebidos para el uso por personas con discapacidad, "siempre que no originen distorisiones en el mercado y sean certificados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales".