Así lo defiende el partido de Alberto Núñez Feijóo en la enmienda de totalidad con texto alternativo que ha presentado a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso para el uso de lenguas distintas al castellano impulsada por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

El PP censura que la reforma “no nace de la vocación de acuerdos que deben presidir cualquier modificación” del Reglamento del Congreso, sino” de los acuerdos adoptados por un grupo político con grupos minoritarios con el único objetivo de recabar los apoyos necesarios para obtener la Presidencia del Congreso y para una eventual investidura de Pedro Sánchez”.

Por ello, el PP propone mantener el texto del Reglamento, tal y como estaba con carácter previo a esta iniciativa. En dicha enmienda, rechaza la modificación al considerar que “el idioma oficial del Congreso de los Diputados es el castellano” y que dichas formaciones políticas quieren “desactivar dicha oficialidad, contenida en el artículo 3.1 de la Constitución”.

El PP explica en la exposición de motivos de su iniciativa, suscrita por su portavoz, Cuca Gamarra, que “la oficialidad del castellano implica que es el idioma de comunicación entre los poderes públicos y de los ciudadanos ante ellos en el conjunto del Estado, en todo el territorio nacional”.

EN LAS COMUNIDADES

Las demás lenguas de España, según el artículo 3.2 de la Constitución, son también oficiales “en las respectivas comunidades autónomas”, remarca el PP. Sostiene así que “la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio de la correspondiente comunidad autónoma, incluyendo a los órganos de la Administración del Estado”.

“Como el Congreso de los Diputados no se ubica, radica ni ejerce sus funciones en el territorio de alguna comunidad autónoma cuyo Estatuto haya designado alguna lengua como cooficial con el castellano, la lengua oficial del Congreso de los Diputados es el castellano”, argumenta el partido que lidera Feijóo.

Por ello, el PP opina que “ninguna lengua que sea cooficial en alguna comunidad autónoma puede ser lengua oficial de la Cámara Baja”. “La imposibilidad constitucional de dotar a las lenguas españolas cooficiales de los efectos de lenguas oficiales del Estado no pugna con el especial respeto y promoción que predica el artículo 3.3 de la Constitución”, añade.

El PP remarca que “la oficialidad del castellano en todo el Estado ordenada por el artículo 3.1 de la Carta Magna no se satisface con la traducción de una intervención o documento al castellano, sino con la utilización del castellano como única lengua oficial de la institución”.

Finalmente, se critica que la reforma prevé el derecho de los diputados a usar las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, tanto en sus discursos como en sus escritos, pero “no se regulan los procedimientos y mecanismos de traducción e interpretación al castellano que posibiliten el adecuado entendimiento”.