La proposición, a la que tuvo acceso Servimedia, tambié imposibilita durante el mismo periodo de tiempo a estos jueces y magistrados a ser promovidos para magistrados constitucionales, consejeros del Tribunal de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial ni fiscal general del Estado, salvo renuncia definitiva a la carrera judicial.

El texto propone la modificación de los artículos de la Ley Electoral y la Ley del Poder Judicial que regulan el paso a la situación de "servicios especiales" de los jueces y magistrados que deseen presentarse a la elecciones o que sean elegidos cargos políticos de confianza.

Según el PP, el tratamiento estatutario de los jueces y magistrados debe ser "el más riguroso", "puesto que tienen como función pública el ejercicio de una potestad del Estado, en la que el valor de la independencia es esencial, de tal suerte que el fin constitucional de preservar la función jurisdiccional de cualquier merma de ese superior valor de independencia, justifica una modificación de la actual situación estatutaria".

En luga de la situación de "servicios especiales", que es en la que se encontró, por ejemplo, Baltasar Garzón cuando dejó la Audiencia Nacional para ser diputado del PSOE, el PP quiere que estos jueces y magistrados que sean nombrados cargos políticos pasen a la situación de "excedencia voluntaria" y permanezcan en ella el tiempo en el que desempeñen el cargo o dure su mandato.