Según el artículo 268, apartado 1, de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, "están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil" los cónyuges que no estén separados legalmente o en proceso de hacerlo, por los delitos patrimoniales que se causen entre sí, "siempre que no concurra violencia o intimidación".

En virtud de este mismo artículo, quedan exentos de responsabilidad penal también los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como los afines en primer grado si viven juntos, por los delitos patrimoniales que se causen entre sí, y "siempre que no concurra violencia o intimidación".

Con la iniciativa del PP, se propone excluir de este artículo a las personas que hayan sido declaradas judicialmente como incapacitadas.

Según la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Inmaculada Bañuls, con la modificación que propone el PP "se aumenta el margen de actuación judicial contra los autores de expolio sobre el patrimonio de los discapacitados".

"Esta iniciativa", concluyó Bañuls, supone un paso más en aras de una mayor protección legal de las personas con discapacidad judicialmente incapacitadas".