En dicha iniciativa, el PP insta al Gobierno a fomentar e impulsar la elaboración, en colaboración con los ayuntamientos, de un plan contra la explotación sexual con el objetivo de evitar "que las ciudades españolas sean un destino fácil para las redes de tráfico de mujeres y para los proxenetas".

Según la exposición de motivos, "la explotación sexual continúa siendo una lacra social que es causa y consecuencia de la marginalidad".

Finalmente, la proposición señala que, "para tratar de atajar este problema, se debe descender hasta los niveles más próximos al ciudadano, que en el caso de las administraciones sería la administración local, y el órgano que debe actuar como coordinador entre ambas administraciones es la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".