Camacho dijo en rueda de prensa que, antes de realizar las privatizaciones, es necesario que el Gobierno termine el inventario actualmente en marcha para establecer el valor de los bienes y derechosdel Estado y que, posteriormente, el Parlamento decida qué y cómo debe venderse al sector privado.

Según Camacho, la valoración de los bienes y derechos del Estado que ha facilitado el Gobierno a su grupo es de unos cuatro billones de pesetas, destacando los 835.000 millones de las empresas rentables del INI, los 400.000 millones del sector rentable de Tabacalera, los 500.000 millones de Renfe y otros 500.000 millones del Instituto Nacional de Hidrocarburos.

El PP es partidario de privatizar esteaño empresas por un valor de 500.000 millones de pesetas y de un billón y medio más en 1993 y 1994. Camacho insistió en que este dinero debe destinarse preferentemente a corregir el déficit público, aumentar las inversiones en investigación y desarrollo, y a formación profesional.

Para Camacho, este plan de privatizaciones debe ir acompañado de otras medidas estructurales para paliar el déficit, como la reducción de los tipos de interés y un descenso de los impuestos. A su juicio, ello evitaría "el pao de ciego que va a dar el Gobierno aumentando las retenciones en el IRPF, el IVA y el precio de la gasolina".

El responsable del PP aseguró que "la industria española no podrá levantar cabeza si los socialistas siguen gobernando, ya que no saben cómo actúa la libre competencia en el libre mercado. Los socialistas ya no tienen nervio para sacar adelante la crisis económica en la que nos han metido".

CRITICAS A SOLCHAGA

Camacho criticó al Gobierno y concretamente al ministro de Economía y Haciena, Carlos Solchaga, a quien acusó de desconocer el valor real de los bienes, derechos, acciones y títulos que tiene el Estado y de realizar una política de privatizaciones parciales que no han servido para sanear las cuentas públicas.

También acusó al Ejecutivo de "comprar y vender por procedimientos sutiles que permiten situaciones donde la corrupción está arraigando y es difícil de solucionar".

En opinión de Camacho, cuando el Gobierno privatiza lo que hace es intervenir más en el mercado y hacr competencia desleal al sector privado, actuando "como caballo de troya para la entrada de capitales extranjeros, en vez de promocionar la producción industrial española".

Camacho propuso que el Ministerio de Economía cree un registro central de bienes inmuebles y de las participaciones del Estado en empresas, y que informe mensualmente al Parlamento de las variaciones que en él se produzcan.