La voluntad del PP en el Senado es la de impedir que se demore por más tiempo la entrada en vigor de la nueva ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo texto aprobó el pleno del Congreso, aunque sin el consenso suficiente para proceder a la reforma del Poder Judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, al oponerse a llo CiU.

El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Alfredo Prada, en declaraciones a Servimedia, explicó que su grupo se plantea introducir unas disposiciones adicionales a la ley, mediante una serie de enmiendas parlamentarias, "de tal forma que mantendríamos vigentes los actuales sistemas de recursos de casación, que no datan del siglo pasado como el conjunto de la ley, sino de la última reforma procesal parcial de 1992, y que están funcionando meridianamente bien".

Prada señaló que la intenión de su grupo, previo acuerdo con el resto de formaciones políticas, es que del Senado "salga un texto procesal civil totalmente completo, que pudiera permitir la entrada en vigor de la ley, sin perjuicio de que el nuevo modelo de recurso de casación no entrara en vigor hasta que no se modificara nuevamente la Ley Orgánica del Poder Judicial".

A su juicio, "esta posibilidad es técnica y políticamente positiva", y observó que "no es la primera vez que se utiliza". En este sentido, citó el caso de la ropia Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecía la puesta en funcionamiento de juzgados uniprovinciales de lo contencioso administrativo pese a que se tuvo que esperar trece años para ponerse en marcha.

Otro ejemplo, indicó, fue el del Código Penal aprobado en 1995, donde se establecía que la edad penal se cambiara, aunque se mantenía entre tanto la vigencia del antiguo código mientras que no se aprobara una Ley Penal del Menor, que a día de hoy todavía no está aprobada.

Los senadores dispoen hasta el próximo día 23 de octubre de tiempo para presentar enmiendas al proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil. Con posterioridad, se reunirá la ponencia, que mantendrá encuentros con los sectores afectados, tras lo cual, según lo previsto, el texto definitivo se debatirá en pleno el día 1 de diciembre.

Inmediatamente se procedería a su convalidación por parte del Congreso, la cual sería posible durante la primera quincena de diciembre, de donde se publicaría en el BOE.

En relación a esta custión, se refirió hoy en rueda de prensa la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, quien manifestó su confianza en que las enmiendas que se introduzcan en el Senado "contengan el mismo espíritu de consenso que en el Congreso, porque si repasamos las votaciones que tuvo la ley (en el Congreso)", agregó, "el respaldo fue mayoritario y no hubo ninguna que no tuviera los 276 votos necesarios".