“Veremos si prefiere apoyar a las víctimas de la talidomida o seguir de la mano de Pedro Sánchez”, planteó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la que recordó que diversos partidos que conforman Sumar apoyaron una iniciativa idéntica en el Senado.

El 2 de diciembre, el Gobierno presentó su veto a la tramitación de esta ley, alegando que supone una reducción de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que representaría un coste estimado de 20,3 millones de euros. El Ministerio de Hacienda se opone así a su tramitación parlamentaria porque es “susceptible de producir una disminución de ingresos presupuestarios”, según se recoge en el escrito de disconformidad al que tuvo acceso Servimedia.

Tellado denunció que este veto es “irregular” porque su ley no afecta a los Presupuestos en curso. No obstante, desde el PP subrayan que la Mesa del Congreso puede rechazarlo, pero para hacerlo necesita que Sumar se ponga del lado del PP y Tellado ya salió este jueves a pedirle su apoyo.

“Esperamos que Sumar, en la Mesa del Congreso, se niegue a aceptar este veto del Gobierno, que no respeta los límites que el propio Tribunal Constitucional ha fijado. Veremos si Sumar prefiere apoyar a las víctimas de la talidomida o seguir de la mano de Pedro Sánchez. Le digo a Yolanda Díaz, y espero que nos escuche, que gobernar no es resistir, gobernar es dar soluciones y es legislar”, declaró Tellado, quien recordó así las palabras que la propia vicepresidenta pronunció al principio de esta semana.

EXENCIÓN FISCAL DE TODAS LAS AYUDAS

La propuesta del PP pretende una exención fiscal generalizada de todas las iniciativas aprobadas con el fin de ayudar a las víctimas de la talidomida. En 2010, se establecieron ayudas desde 30.000 hasta 100.000 euros para quienes poseían el 'certificado de talidomídico' del Instituto de Salud Carlos III y presentaban una discapacidad mínima del 33%, aunque solo llegaron a 24 afectados por estar limitada a los gestados entre 1960 y 1965. Y en 2023, 13 años después, el Gobierno de Pedro Sánchez amplió la cobertura y aprobó una ayuda a los nacidos entre 1950 y 1985 equivalente a 12.000 euros por punto de discapacidad.

La oposición, sin embargo, considera que “no eximir fiscalmente la ayuda supone que, en gran medida, esta pierda su razón de ser y, además, es una discriminación manifiesta con respecto a afectados por otros daños en España, como es el caso de los afectados por VIH, que sí que están exentos de tributar por las ayudas percibidas”.

Sin embargo, el Ejecutivo ha vetado su propuesta e impedirá que llegue al Pleno si así lo ratifica la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen la mayoría de los miembros. El PP pidió este martes al Gobierno que reconsidere su decisión, precisamente cuando coincidía con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.