En virtud de este decreto, la UGT recibirá más de 150 millones de euros y la CNT cerca de 4 millones. El plazo para recurrir ante el Constitucional termina el 3 de febrero.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, ha recordado además que el Gobierno aún no ha respondido a las preguntas por escrito presentadas por el PP sobre el crédito concedido por el ICO a la UGT avalado con el patrimonio sindical y sobre los expedientes que obran en poder de la Administración referentes a los bienes incautados.