A juicio del portavoz del PP, estos ataques sonatentados de terrorismo callejero que se engloban bajo el eufemístico nombre de la "lucha callejera" ("kale borroka") y que "provocan graves daños materiales, contribuyen a generar en una parte de la sociedad la sensación de terror que anhelan los terroristas y, en al menos un caso, han podido costar la vida a dos personas"

Cosidó considera que una moción de estas características no debería ser necesaria en un país que tuviera un Gobierno normal. "El que tenemos ahora mismo en España no lo es y por eso tenemos que reclamar cosas obvias, como que se condenen de una vez acciones que el Gobierno no debería tardar ni un minuto en condenar, así como en expresar su solidaridad con las víctimas de las mismas", aclaró el portavoz del PP.

Cosidó consideró que condenar los actos de terrorismo no es una banalidad, sino un pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo, porque en esa lucha es esencial mantener la conciencia social de repudia a todo acto de terrorismo y la movilización de los ciudadanos contra el mismo.

El portavoz de Interior del PP consideró por tanto que el "ostentoso silencio" del presidente del Gobierno ante los actos terroristas cometidos desde que inició su negociación con la banda es un "grave error que debe corregir de inmediato".

En el texto de la moción, el PP hace referencia a las últimas acciones de "terrorismo urbano" que han tenido lugar en el País Vasco. Por su gravedad, la moción hace una especial referencia al ataque del pasado viernes 10 de noviembre, en el casco viejo de Bilbao, cuando unos desconocidos intentaron prender fuego a dos agentes de la Ertzaintza.

El PP reclama al Gobierno que formule una declaración en la cual condene los últimos atentados de terrorismo callejero protagonizados por ETA y Batasuna, especialmente el intento de quemar vivos a dos policías municipales de Bilbao; exprese la solidaridad con estos dos policías, con el Cuerpo de Policía Local de Bilbao y con todas las víctimas que están siendo afectadas por estos actos.

Además el texto deberá pedir que el Ejecutivo redoble los esfuerzos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pongan a disposición de la Justicia, lo antes posible, a los responsables directos e indirectos de estos actos de violencia.